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La Guardia Civil ha desmantelado una red organizada que se dedicaba a apropiarse de las herencias de ancianos fallecidos, llegando a montar empresas y sociedades paralelas para, supuestamente, blanquear el dinero. En total, ocho personas, que operaban entre la Comunidad Valenciana y País Vasco, han sido detenidas.
Según ha informado la Benemérita en una nota de prensa, a los arrestados, que cuentan con 20 inmuebles y hasta 71 cuentas bancarias, se les investiga por delitos de organización criminal, robo, estafa, falsedad documental, apropiación indebida, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y tenencia ilícita de armas en Alicante, Valencia y Vizcaya.
Los implicados en la banda, que actuaban como una organización criminal, tenía un modus operandi definido. Para hacerse con las herencias identificaba primero a los fallecidos que no contaban con herederos conocidos. Lo hacían a través de personas que trabajaban en tanatorios y, posteriormente a la muerte, sustraían objetos de las viviendas en que vivían los fallecidos.
La investigación del instituto armado empezó en mayo de 2021, cuando agentes de la Guardia Civil constataron que alguien había quitado los precintos judiciales de una vivienda localizada en Benissa, Alicante, en la que se realizaron reformas y se robaron diversos objetos, entre ellos una motocicleta de alta gama.
En la primera fase de las investigaciones, los efectivos de la Benemérita lograron identificar a dos miembros del grupo. Trabajaban en un tanatorio de la comarca alicantina de la Marina Alta y, además de robar las joyas, pasaban información para robar en esas mismas viviendas y obtener claves bancarias.
Además, tras asegurarse de que ningún familiar reclamaba el cuerpo del fallecido, elevaban sus actos delictivos dando paso a la actuación de los líderes de la organización: dos hermanos residentes en Bilbao, una mujer de 63 años con estudios en Derecho y un hombre de 54 años mediador de seguros.
La sexagenaria era gerente de nada más y nada menos que 12 empresas; entre ellas dos inmobiliarias y cuatro gestorías, mientras el hombre de 54 años era propietario de una correduría de seguros.
Las inmobiliarias están ubicadas en Denia, Alicante, y País Vasco, y eran utilizadas ambas para alquilar y vender las propiedades de los fallecidos.
A través de las gestorías, que estaban en Bilbao y Cantabria, convertían mediante falsos contratos mercantiles a los difuntos en avalistas de sus empresas, por lo que conseguían que los finados tuvieran una responsabilidad patrimonial y se quedaban así con sus bienes de forma muy económica.
Por otro lado, para la evasión de impuestos entraban en acción los dos hermanos, que utilizaban una empresa de construcción y reformas, una oficina de trámites de seguros, un taller de mecánica en Bilbao, dos hoteles en las provincias de Murcia y Valencia, un restaurante en Denia y dos sociedades 'offshore' en Irlanda y Malta, llegando incluso a hacerse con el control de una asociación cultural en Bilbao para simular donaciones e impagos en vida de los fallecidos.
La pandemia actuó como impulso para las actividades delictivas de la banda. El grupo criminal incrementó su actividad gracias a ello debido al aumento del número de ancianos fallecidos y las dificultades de las familias para hacerse cargo de sus cuerpos en ese contexto, así como por la falta de herederos conocidos, en otros casos.
Mediante este método, los implicados lograron hacerse con una importante suma de dinero. Los investigadores acreditaron su participación en la apropiación ilícita de 20 inmuebles con un valor superior a los tres millones de euros y, ante el riesgo de fuga de uno de los líderes, fue el pasado mes de octubre cuando los agentes realizaron siete registros en diferentes localidades de Alicante, Valencia y Vizcaya, en que se detuvo a siete hombres y una mujer.
Del mismo modo, se las ha intervenido cinco armas de fuego, casi 100 piezas de joyería, 11.000 euros en efectivo, diversos dispositivos informáticos y de telefonía móvil, ocho vehículos a motor, una billetera de criptomonedas, 20 inmuebles y 71 cuentas bancarias que están siendo analizadas.
En total, se ha identificado un total de 22 fallecidos que habrían sido víctimas del grupo criminal, siendo dos de nacionalidad española, cinco francesa, uno belga, cuatro suiza, uno británica, ocho alemana, y uno finlandesa, careciendo gran parte de ellos de herederos conocidos. La Guardia Civil, no obstante, no da por finalizada la operación y no descarta que se hayan apropiado de forma ilícita de la herencia de más fallecidos.
Tras estos hechos, el Juzgado de Instrucción número 2 de Denia ha decretado el ingreso en prisión sin fianza de la mujer líder de la banda y ha decretado medidas cautelares para el resto.