El Gobierno lo ha dejado claro. Introducirá criterios de renta para las familias numerosas que quieran acogerse al bono social de electricidad, un descuento en la factura eléctrica de un 25% para consumidores vulnerables que cumplan los requisitos establecidos, tras la polémica con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, que goza de un alto patrimonio, y se beneficia del bono de eléctrico y el bono térmico para consumidores vulnerables.

El marido de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, también ha reconocido que percibe el bono térmico aunque "no lo sabía" y asegura que va a devolverlo porque no lo necesita. Ossorio, por el contrario, ve legítimo cobrarlo. Ambos son parte de familias numerosas y eso les da derecho, al margen de sus ingresos.

El debate es: ¿deben quedar excluidas las personas más ricas de ciertas ayudas?, ¿hay que limitar las ayudas a las familias numerosas para dejar fuera a las que tengan más dinero?

Según Eva Belmonte, codirectora de la Fundación Civio, una organización sin ánimo de lucro que lucha contra la opacidad en las administraciones públicas, las ayudas en general y los bonos energéticos en particular siempre se deben determinar por la renta.

"Ahora mismo hay cuatro vías para acceder al bono social, tres son por renta y una por familia numerosa, que se otorga independientemente de su renta. La única categoría que puede tener el descuento del 65% en la factura de la luz sin tener en cuenta la renta son las familias numerosas. Por ejemplo, la ayuda de 200 euros de Hacienda (para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio), da igual cuantos menores hay en la casa, la otorgan dependiendo de lo que cobra cada miembro. Con el bono social, no es así, el umbral va subiendo dependiendo de los hijos que haya en la casa. Con este camino lo único que estamos consiguiendo es beneficiar a familias con mucho dinero, en lugar de ampliar umbrales para que gente con rentas más bajas pueda entrar".

Belmonte cree que es imprescindible ayudar a las familias numerosas, pero no se pueden obviar los criterios de renta. Por eso, llevan pidiendo desde hace cuatro años que el número de hijos (o sus equivalencias según la ley de familias numerosas) sea relevante a la hora de incluirlos en una categoría de renta y pueda ser tratada como una circunstancia especial, del mismo modo que se trata a víctimas del terrorismo y de violencia de género o discapacitados. "Lo que es incongruente es que una familia numerosa que ingrese un millón al año tenga más ayudas que una familia de dos miembros que cobre 20.000 euros", dice.

Coincide con Belmonte, Juan Luis Jiménez, profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que asegura que el Estado debe estar para ayudar a quienes lo necesitan, y quienes lo necesitan usualmente están en función de la renta. "Si el Estado considera que las familias con tres hijos, por fomentar la natalidad, deben estar subsidiados o recibir todo tipo de ayudas el Estado lo debe aclarar. Las ayudas siempre deben realizarse en función de la renta, lo demás es un subsidio mal diseñado que lleva a situaciones paradójicas".

También cree no hay que desviar el foco. "El problema no es que un millonario pueda acceder a esa ayuda sino que la administración genere que un millonario pueda acceder a ella. El dilema es el diseño de una política, no de quien puede hacer uso de ella, porque legalmente e incluso éticamente cualquier persona podría hacer uso de esa política. El criterio debe establecerlo el Gobierno no las personas". Jiménez asevera que el bono social es uno de los múltiples casos en los que el dinero público se usa de manera poco eficiente. Por tanto, resume, "los subsidios para incentivar un comportamiento determinado deben estar en función de la renta".

Según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para el bono social eléctrico, por ejemplo, hay 310 millones anuales disponibles, pero sólo una de cada tres personas con derecho lo ha pedido y a los más vulnerables sólo les han llegado 200.000 euros. Los más ricos no sólo tienen más dinero, también más información. Y la aprovechan. El 20% de los hogares con rentas más altas de España recibió más del 30% de las transferencias del Estado, mientras que al 20% de los más pobres solo fueron a parar el 12%. 

Los colectivos con mayor riesgo quedan fuera del sistema de ayudas por diferentes motivos: falta de información, por no tener acceso a las ayudas online, por las dificultades burocráticas, etc. Son ayudas creadas expresamente para los más necesitados y desfavorecidos pero que no son nada sencillas de solicitar.

Así, desde la Fundación Civio piden una reformulación del bono social, que pasa por modificar los requisitos para acceder al bono social, de manera que las familias numerosas solo puedan acceder por debajo de ciertos umbrales. Eliminar a las comercializadoras del trámite de solicitud y que en su lugar lo realicen las administraciones públicas de forma directa. Y simplificar el proceso de solicitud para que no requiera documentación innecesaria (que ya está en disposición de la administración) y automatizar en lo posible la comprobación del cumplimiento de los requisitos para acceder a la ayuda.

El debate sobre a quiénes debe beneficiar el estado del bienestar es antiguo. Después de la Segunda Guerra Mundial, los estados europeos llegaron a la conclusión de que servicios como la sanidad o la educación públicos debían ser universales si querían ser de calidad. Si fueran sólo para pobres, el resto de la población terminaría deseando que le rebajaran los impuestos para no soportar esa carga.

Pero una cosa son los servicios públicos y otra cosa son las ayudas a los más desfavorecidos. "La universalidad de los servicios públicos une a la sociedad", argumenta Belmonte.

"Es necesario que el uso de los servicios públicos sean accesibles a toda la sociedad, es más, incluso la rentas altas podríamos plantear, que quizá, tengan más derecho porque financian más. Otra cosa son las ayudas, que si deberían determinarse por renta", apunta Jiménez, que pone como ejemplos el bono social, las ayudas a las compras de vehículos o para la instalación de placas fotovoltaicas. En los últimos meses hemos visto lo mismo con el descuento de veinte céntimos en los combustibles. Benefició más a las personas que menos lo necesitaban.

A raíz de esto surge otra duda. Las ayudas que se dan a las familias numerosas son para fomentar la natalidad. Estas ayudas las da el Estado a todas las familias numerosas, aunque de todas esas ayudas, sólo en una, se tiene en cuenta la renta. La ayuda de 1.000 euros por el nacimiento de un hijo para las familias que no superan los 17.423 euros de renta. Este límite se incrementa en 2.822 por cada hijo adicional a partir del cuarto.

Belmonte cree que para fomentar la natalidad hay que invertir en servicios públicos, como crear más escuelas infantiles, facilitar la conciliación. "Eso si es fomentar la natalidad. Sin embargo, dar ayudas a posteriori por ser familia numerosa solamente, sin tener en cuenta la renta es regresivo, porque al final estamos metiendo en el mismo saco a familias con cinco hijos sin problemas económicos que a familias con tres hijos con dos sueldos normalitos en casa".

Las familias tienen derecho a una serie de ayudas, algunas limitadas según los niveles de renta o el número de hijos. Estas ayudas, además, sólo están activas hasta que los hijos a cargo cumplen 21 años (o 25 si cursan estudios universitarios).