En España, un total de 353.965 personas se encuentran a la espera de recibir atención a la dependencia, un número que se ha visto reducido en 9.799 personas menos con respecto al pasado año 2021, según indica el XXIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, el cual está creado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Para estas personas, el Gobierno desarrolla la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, conocida popularmente como Ley de Dependencia, pero está resultando un auténtico fiasco.

Este plan tiene como objetivo ayudar y proteger a personas que por razones de edad, enfermedad o discapacidad son dependientes de forma permanente. Pero según indican desde la Asociación de Servicios Sociales, "se tardarían treinta y cinco años en lograr que no haya ninguna persona esperando algún trámite". El pasado año, entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, más de 45.000 personas murieron antes de ser atendidos.

En concreto, hay 131.810 personas esperando a ser valoradas, 7.214 más que las 124.596 del año anterior, y 177.423 con el derecho reconocido pero en espera de recibir atención, 15.923 personas menos que el año anterior. A estos elevados números hay que sumar las 22.929 personas que tienen una resolución PIA y que no reciben prestación o servicio. Así como las casi 22.000 que las Comunidades Autónomas todavía no han registrado y están pendientes de recibir una valoración.

"El incremento presupuestario del Gobierno de España no ha sido suficiente para cubrir los objetivos del plan de choque: ni la reducción de la lista de espera ni el incremento en las intensidades. Esto es tremendamente preocupante", ha manifestado el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, este viernes, durante una rueda de prensa.

Desde la asociación lo han atribuido principalmente a tres razones, la primera, la "desidia e impericia de algunas comunidades autónomas que no están siendo ágiles" o están siento "tan tacañas que han recortado el presupuesto" a pesar de recibir una mayor cantidad de fondos del Gobierno, mostrando un comportamiento "inmisericorde". En segundo lugar la "telaraña burocrática", presente en los 344 días que se tarda en recibir la ayuda. Y, en tercer y último lugar, ha apuntado el hecho de que, del incremento presupuestario del Gobierno en 2022 para dependencia, se dejaron sin gastar 55 millones de euros.

Según el documento, consultado por Europa Press, el 44,6% de las personas desatendidas (80.862) son dependientes con Grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y continuado.