La reforma de la malversación rebaja la pena a una funcionaria que cogía el dinero de las renovaciones de DNI
Una funcionaria que se apropió del dinero que 37 ciudadanos abonaron para la renovación del DNI ha sido condenada a un año de cárcel y 360 euros de multa
Su pena, inicialmente de dos años de cárcel y multa de 2.700 euros, se ha visto reducida por la reciente reforma del delito de malversación
¿Cuánto costará renovar el DNI en 2023?
Una funcionaria de la comisaría de Tetuán ha visto rebajada su pena tras la reforma del delito de malversación. De este modo, los dos años de cárcel y multa de 2.700 euros que se le exigían de condena por apropiarse del dinero que 37 ciudadanos abonaron para las tasas de renovación del DNI quedan reducidos a un año y 360 euros de multa.
La funcionaria, tal como consta en el acuerdo de conformidad alcanzado por su defensa y la Fiscalía de Madrid, acepta así la nueva condena, beneficiada por la reciente reforma del Código Penal en relación a esta tipificación por ser la más favorable al reo, en concurso con un delito de falsedad en documento público.
MÁS
La rebaja se aplica al tenerse en cuenta las nuevas penas de dicho delito y apreciar el fiscal una atenuante muy cualificada por dilaciones indebidas y reparación del daño.
La funcionaria se apropió de 418 euros por las tasas de renovación del DNI
Según el fiscal, la acusada se apropió de 418 euros pagados en concepto de tasas para la renovación del DNI durante el desempeño de sus funciones.
Concretamente, fue entre el 1 y el 29 de junio de 2018 cuando era la encargada de expedir los DNI en su condición de funcionaria auxiliar de los Cuerpos Generales del Estado, donde formaba parte en el equipo 225 de la oficina de documentación de Tetuán de Madrid.
"Con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, se apoderó de las cantidades abonadas por los ciudadanos en concepto de tasa legalmente prevista por renovación del DNI por razón de caducidad o extravío, y realizó manipulaciones en el programa informático que utilizaba para dicha función, consistentes en introducir cambios en el domicilio de los ciudadanos o hacer constar que la renovación se producía por error en el chip, de modo que tales renovaciones apareciesen como exentas de tasa por obedecer a estos motivos", señala el Ministerio Público.
Por su parte, el 5 de junio de 2018 cobró a otra ciudadana una tasa de 11 euros cuando la misma acudió a renovarse su DNI por presentar error en el chip, "siendo éste uno de los supuestos legalmente previstos como exento de tasa, apoderándose de dicha cantidad en lugar de incorporarla al Tesoro Público".