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Ha llegado el momento, desde este jueves 2 de marzo entran en vigor la Ley de salud sexual y la Ley Trans aprobadas definitivamente en el Congreso de los Diputados el pasado 16 de febrero de 2023, ambas impulsadas por el Ministerio de Igualdad. Por tanto, a partir de hoy, las jóvenes de 16 y 17 años podrán interrumpir su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación sin permiso paterno y los españoles de más de 16 años podrán cambiar su nombre y su sexo en el Registro Civil sin ningún requisito, más que el deseo expreso del solicitante.
La ley del aborto elimina la necesidad de contar con el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años y establece los hospitales públicos como centros de referencia para esta práctica. El texto recoge la creación de un registro de objetores de conciencia para el personal sanitario y elimina la obligación de informar a la mujer sobre las prestaciones y ayudas de apoyo a la maternidad y también el plazo de reflexión de tres días.
La ley trans reconoce la autodeterminación de género para mayores de 16 años, cualquier persona podrá cambiar su sexo registral sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos ni someterse a procesos de hormonación. Bastará, por tanto, para quien así lo desee, solicitar un cambio registral por escrito, sin necesidad de presentar pruebas ni testigos. Esta decisión deberá ser ratificada por el solicitante tres meses después, y la Administración tendrá un mes más de plazo. Todo el proceso durará unos cuatro meses como máximo. Los menores de entre 14 y 16 deberán contar con el apoyo de sus padres, mientras que entre los 12 y los 14 años será necesaria una autorización judicial. Los menores de 12 años no podrán cambiar su sexo, pero sí su nombre en los documentos oficiales.
"Creemos que mañana será un día normal en cuanto a citas, pero entendemos que puede haber muchas llamadas de mujeres para informarse, como siempre ocurre cuando salta en los medios algo relacionado con el Derecho al aborto, de eso estamos seguras", explican desde varias clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo. Sonia Lamas Millán, Responsable de Comunicación Clínica Dator, asegura que "como siempre, desde las clínicas garantizamos el acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y nos parece totalmente legítimo que se pueda realizar en las instalaciones de la Sanidad Pública, pero es importante aclarar que para ello la Sanidad Pública tiene que hacer los deberes, porque no está preparada", dicen. "En cuanto a las competencias, las tienen las consejerías de sanidad de cada comunidad autónoma y será cada comunidad la que marcará cómo se va a llevar a cabo". También creen que este jueves será un mal día frente a los centros de interrupción del embarazó por las manifestaciones en contra del aborto.
Esta ley, además de eliminar el requisito del consentimiento paterno para abortar en el caso de las menores de 16 y 17 años, la norma también suprime los tres días de reflexión, garantiza que la interrupción del embarazo se pueda llevar a cabo en hospitales públicos y blinda el aborto frente a protocolos antiabortistas como el que propuso Vox en Castilla y León.
Entre otros cambios, la reforma de la ley del aborto también introduce el reconocimiento de la salud menstrual como parte del derecho a la salud; la distribución de métodos anticonceptivos en centros penitenciarios, de servicios sociales y durante las campañas de educación sexual en los institutos de secundaria, o la corresponsabilidad de los hombres en el uso de los anticonceptivos.
Si bien, la baja por menstruación incapacitante y por interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, no entrará en vigor hasta comienzos del mes de junio, ya que en la ley se especifica que algunas disposiciones finales no serán aplicables hasta tres meses después de la publicación de la ley en el BOE.
Otra de las novedades que incluye la ley es la prohibición de protocolos antiabortistas como el que planteó VOX en Castilla y León. En concreto, a través de una enmienda transaccional introducida durante la tramitación de la Ley en el Senado, apoyada también por el PP, se estableció que las administraciones "velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo" con "la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente".
Desde este jueves los españoles de más de 16 años podrán cambiar su nombre y su sexo en el Registro Civil sin ningún requisito. Desde Justicia han asegurado que el Registro Civil está preparado para llevar a cabo este cambio de legislación, ya que estas medidas ya se aplican de forma similar en 15 autonomías que tienen su propia Ley trans. Aún así, explica que se ha producido una reunión con el departamento que dirige Irene Montero ya que la norma explicita que los funcionarios deberán informar a los solicitantes del cambio registral sobre este proceso, así como el de reversión, entre otras cuestiones. Justicia ha explicado que se encuentran a la espera de que se les facilite la nueva información que han de dar a los solicitantes.
Desde las asociaciones Trans creen que ahora empieza el trabajo de desarrollo y puesta en marcha de la ley. "Queda mucho por hacer. Estamos totalmente volcades en asesorar y facilitar los trámites que necesitan hacer nuestras familias. Hay muchas cosas que preparar porque aunque se diga que el Registro está preparado, no es así. La huelga de letrados está retrasando muchísimo la posibilidad de solicitar cita para el cambio de nombre y sexo en el registro. Por ejemplo, en Castilla- La Mancha ni siquiera están aceptando registros poniendo como excusa la huelga. Además, los propios registros no saben cómo hay que hacerlo, no hay formación y sensibilización suficiente", explica Encarni Bonilla, la presidenta de la Asociación de familias de Infancia y Juventud Trans, Chrysallis.
La entrada en vigor de esta norma también permite cambiar su nombre y su sexo a los menores de entre 14 a 16 años, aunque en su caso deberán tener el consentimiento de sus padres o tutores para su solicitud. En el caso de que un menor no cuente con el consentimiento de estos, se nombrará un defensor judicial para resolver el conflicto.
Además, los niños de 12 a 14 años pueden modificar el género siempre y cuando el menor tenga la autorización de un juez, que examinará su madurez; mientras que los menores de 12 años no pueden cambiar la mención registral del sexo pero sí su nombre para ajustarlo al género con el que se identifica. Por el contrario, la ley permite que en seis meses una persona trans puede solicitar volver a su sexo original de la misma manera que lo pidió. En el caso de que quisiera modificarlo por tercera vez, entonces tendría que pasar por un juez, quien dirimiría si hay visos de un fraude de ley.
Pero estas no son las únicas medidas que entrarán en vigor, la ley también incluye medidas para garantizar los derechos de las personas LGTBI, como la filiación de los hijos de parejas lesbianas sin que estas deban estar casadas. Además, las mujeres solteras, lesbianas y bisexuales tendrán acceso a la reproducción asistida y se pondrán en marcha medidas de formación en diversidad para asistentes de personas mayores o medidas en relación a la educación y contra la discriminación del colectivo (laboral, social, ocio).