Antonia no se recupera del trago. En noviembre se enteró de que a su expareja, condenado por violarla y tratar de matarla clavándole un cuchillo en el pecho, le habían reducido casi 3 años la pena. Ha tenido que volver al psicólogo, está tomando pastillas y tienen ansiedad "cada vez que llaman a la puerta, aunque sea la vecina". Cree que esto no tiene perdón ni reparación. "A las víctimas no nos escuchan, sólo nos interrogan. Yo, 7 interrogatorios, él sólo tres...". No comprende cómo una mujer ha podido reducir las penas y es tajante sobre los efectos de la ley Montero: "nos ha obligado a seguir siendo víctimas".
Ese sentimiento es generalizado y nos lo confirma Beatriz Zorrilla, psicóloga forense especializada en victimología y violencia de género. Las mujeres tras la ley "se sienten revictimizadas, con un sentimiento de indefensión, de bloqueo, de desesperanza y que han perdido la fe en la justicia". Vuelven a su consulta con "sueños, pesadillas, recuerdos intrusivos, el miedo, la sensación de estar en alerta constante...Porque si su agresor ha salido de la cárcel ellas tienen que estar en guardia".
También ha recibido muchas llamadas de sus clientas y de otras afectadas la abogada sevillana Amparo Díaz, especializada en casos de violencia de género. Quieren saber si sus agresores van a salir de prisión, pero también tiene casos de agredidas recientes a las que va a afectar porque la horquilla de penas en menor y van a tener que pedir acusaciones más bajas. Defiende partes positivas de la nueva ley, pero no comprende la reducción de las condenas. Explica que aún no ha llegado el momento de reducir las penas porque los delitos no están descendiendo ni tampoco la reincidencia. Y atestigua el sufrimiento de las afectadas: "en temas de agresiones sexuales tardan muchos años en recuperarse, y para ellas es muy importante saber la fecha a partir de la cual el agresor puede salir de prisión. Forma parte de sus terapias muchas veces. Entonces para las que de repente se han encontrado que ha salido de golpe, ha sido un impacto muy fuerte para el que no estaban preparadas porque nadie había dicho que fuera a ocurrir" con la nueva ley.
Este daño afecta ya a más de 540 víctimas de agresores sexuales a los que se les ha reducido la condena.
Una de ellas, Lucía Castro, ha decidido emprender una cruzada y tratar de pedir la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Un intento de que el Estado las indemnice por los daños psicológicos y económicos que están sufriendo. Hay mujeres incluso que se han marchado de sus casas y lo han dejado todo porque sus agresores están inesperadamente en libertad.
Un camino judicial interesante, según los expertos, pero difícil de abordar. Alberto Palomar, abogado y profesor de Derecho Administrativo explica que la legislación "de momento no lo permite, pero matizo que, de momento, porque hay una sentencia del Tribunal de Justicia europeo del 28 de junio pasado que dijo que el sistema español de responsabilidad patrimonial no pasaba el filtro europeo". Nuestra ley, hasta ahora, sólo permite indemnizar los daños si la propia norma así lo estipula, algo que no ocurre en la Ley Montero. Pero, si se salvara este obstáculo, este experto sí ve el caso "peleable, técnicamente muy difícil, pero peleable: hay daño psicológico, hay cambios de domicilios, hay necesidad de protección...Yo creo que todo eso es perfectamente posible, el único problema es que eso está pensado para actos no legislativos".
A Lucía, que estuvo 7 años luchando para lograr que su tío fuera condenado, no le asusta el reto. Al menos le servirá para contactar con otras víctimas. Ha creado un email para poder hacerlo: afectadas.leysiesi@gmail.com