Ley de Bienestar Animal: ¿se mantiene el uso del bozal y la correa en los espacios públicos?
La Ley de Bienestar Animal determina la peligrosidad de los perros no por su raza si no por un futuro test de sociabilidad
La nueva norma mantiene la obligación de un seguro para los propietarios de perros así como el uso del bozal y la cadena
La ley de bienestar animal: bulos, preguntas y respuestas
La Ley de Bienestar Animal ha sido aprobada por el Congreso y aún está pendiente de su trámite en el Senado. De ser aprobada por la cámara alta, tendrá un plazo de seis meses para su entrada en vigor desde su publicación en el BOE. Mientras tanto son muchas las dudas surgidas a los propietarios de mascotas, entre ellas las que afectan a los perros peligrosos, el uso de bozal y correa y los cursos para poder tener un can.
Las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos sobre la inclusión en la norma de los perros de caza promete complicar el paso de la ley por el Senado donde los morados intentarán recuperar lo cedido en la cámara baja para sacar adelante el proyecto del ministerio de Ione Belarra. Una vez que se cumpla este trámite y la ley sea publicada en el BOE, la norma tiene un plazo de seis meses para su entrada en vigor.
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La Ley de Bienestar Animal tiene un plazo de seis meses para su entrada en vigor
No es el único establecido en el texto aprobado. La Ley de Bienestar Animal obliga al Gobierno a fijar en un máximo de 48 meses el listado positivo de animales de compañía, que pueden ser objeto de tenencia como mascotas.
Otra de las dudas surgidas tras la aprobación de la ley es si se mantiene el criterio de perros de razas peligrosas así como la obligación de usar el bozal y la correa en los espacios públicos. Según el texto, se aprueba la derogación de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, toda vez que sus preceptos se incorporan de forma similar en el articulado de la Ley de Bienestar Animal.
A partir de ahora se excluye la determinación de la peligrosidad basada tan solo en la pertenencia a una raza determinada, prefiriendo la evaluación de diversos factores. Además, en el listado positivo de animales de compañía que determina qué animales pueden incluirse como animales de compañía, se establece, entre los criterios básicos, sin perjuicio de su posterior desarrollo reglamentario, el de salud y seguridad para las personas.
La prueba de sociabilidad para perros que propone la Real Sociedad Canina de España
La incorporación de estos preceptos en la nueva ley se mantiene la obligación de utilizar una correa o cadena de menos de dos metros de longitud, así como un bozal homologado y adecuado para su raza para aquellos perros que en virtud del nuevo sistema de catalogación se consideren necesarios para su presencia y circulación en espacios públicos.
La Ley de Bienestar Animal obliga a las personas que quieran tener un perro a acreditar la realización un curso de formación que será de carácter gratuito y cuya validez será indefinida. En paralelo y tras asumir los puntos recogidos en la ley derogada sobre perros de razas peligrosas, los propietarios de estos juntos a sus mascotas deberán realizar un test para valorar su aptitud para desenvolverse en el ámbito social.
Se trata de un test que está pendiente de desarrollar por el ministerio pero que según establece la Real Sociedad Canina de España en su prueba de sociabilidad para perros de utilidad y deporte tiene por objeto comprobar y examinar el nivel de comportamiento social así como el nivel de educación básica alcanzados por un perro determinado.
Según este organismo, se trata de una verificación del nivel de sociabilidad de un perro, observando sobre todo las reacciones que éste muestra ante estímulos que puedan ocasionarle problemas de conducta, tales como: comportamiento agresivo/predador ante otros perros, personas o vehículos.
Finalmente, en el caso de la tenencia de perros y durante toda la vida del animal, la persona titular deberá contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que incluya en su cobertura a las personas responsables del animal, por un importe de cuantía suficiente para sufragar los posibles gastos derivados, que se establecerá reglamentariamente.