Una mujer de origen pakistaní, reclamada por ese país y a la que se le acusa de haber participado en el secuestro y posible homicidio de su propia hija por haber contraído matrimonio con una persona que no era de su agrado, ha señalado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que debe decidir su extradición que se niega a ser entregada porque ha sido imputada "falsamente" y considera que no hay garantías para su vida en Pakistán. Por ese mismo motivo, un padre, en un nuevo caso de 'crimen de honor' en dicho país asiático, asesinó recientemente a su hija de 19 años.

Fue en octubre de 2022 cuando agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de La Rioja detuvieron en Logroño a esta mujer y a su marido, un matrimonio pakistaní de 67 y 51 años, al constarles una Orden de Internacional de Detención para su extradición interesada por las Autoridades Judiciales de Pakistán por un Delito de Homicidio y de Secuestro, dictada en el año 2020.

Los hechos que originaron la reclamación de los fugitivos pakistaníes se produjeron en Pakistán en abril del año 2020, cuando presuntamente secuestraron y posteriormente mataron a su hija aprovechando una visita al domicilio familiar por no ser de su agrado el matrimonio. Tras este suceso, fue el propio cónyuge de la mujer fallecida el que habría denunciado estos hechos ante las autoridades de Pakistán, y éstas emitieron la Orden Internacional de Detención.

En la vista celebrada este jueves, en la que ha comparecido solo la mujer, el Ministerio Fiscal ha interesado que sea entregada porque se da la premisa de que los delitos por los que es reclamada también existen en España y porque se cumple el mínimo punitivo para la entrega. Además, ha apuntado que los delitos que se le imputan son comunes por lo que no será juzgada en Pakistán por un tribunal de excepción y no existen motivaciones políticas, de raza o religiosas en la orden de arresto.

La fiscal sí ha puesto el foco en que en la documentación entregada por Pakistán no consta auto de procesamiento ya que se limitan a hacer un relato de los hechos, pero ha recordado que hay países en los que ese tipo de resolución no existe, y ha señalado que lo aportado es suficiente, además de apuntar que cuentan con las declaraciones tanto del esposo de la víctima como del suegro de ésta.

No obstante, el Ministerio Público ha apuntado que dado que en el país asiático la pena por el delito de conspiración para el asesinato contempla penas que van hasta la reclusión perpetua, ha interesado que la entrega sea condicionada a que Pakistán garantice que esa prisión pueda ser revisada o que en atención a su comportamiento no esté privada de libertad de por vida.

La defensa de la mujer se ha opuesto a la extradición porque considera que en las órdenes emitidas por Pakistán hay contradicciones, ya que en una se le acusa de conspirar para el asesinato y secuestro, mientras que en otra se le acusa del 312 del Código Penal de Pakistán --relativo al asesinato-- que puede acarrear la pena de muerte.

Además, entiende que la documentación presentada por el país asiático demuestra "una falta de respeto absoluta" hacia España porque muchos testigos ni han aparecido a declarar allí y no hay un auto de procesamiento.

Tras la última palabra de la mujer, que ha contado con traductor, el tribunal de la Audiencia Nacional ha concluido la vista, y ahora deberá decidir si efectivamente entregan a la mujer a su país de origen.