El doble de Airbnb que de niños en el centro de Madrid: grandes propietarios tienen el 65% de pisos en oferta

Barrios de caravanas que proliferan como alternativa para los que no pueden pagar un alquiler. En uno de ellos reside Juan desde hace 10 meses, acostumbrado ya a una vivienda de cuatro ruedas, la única opción que puede permitirse con su sueldo en una ciudad como Palma.  

Aunque el problema de precios de alquiler desorbitados no es exclusivo de la capital balear. Barcelona, Valencia, Málaga o Madrid, por ese orden, es donde, según datos de Idealista, más han aumentado los alquileres. De hecho, 2022 cerró con un incremento del 8,4% interanual en el conjunto de España. Pero, ¿cómo es eso posible si el Gobierno limitó la subida al 2% en su decreto anticrisis?

Distintos factores influyen e impulsan este fenómeno, apuntan desde el portal inmobiliario de referencia. Entre ellos:  

Con poca oferta y mucha demanda, los precios suben. Este es uno de los principios básicos de la ley del mercado, aunque hay variables que también hay que tener en cuenta como la figura del propietario de la vivienda que se alquila. Según los diferentes estudios consultados, cerca del 95% de las viviendas en alquiler en España pertenece a pequeños propietarios, titulares con menos de 10 inmuebles en propiedad. Por ello, Unidas Podemos propone limitar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas no solo a los grandes tenedores, sino también a los pequeños.

Otra de las variables que incide en la subida de los alquileres en las grandes ciudades son las viviendas turísticas, con plataformas como Airbnb, cuya presencia tiene un impacto directo en el acceso a la vivienda de los residentes, gentrificando las ciudades y expulsando a los vecinos a las periferias.

Un efecto que ha reconocido el propio Emmanuel Marill, director de Airbnb en Europa, quien apuesta por “regular la especulación” para frenar el impacto que el turismo tiene en el incremento del precio de la vivienda. Según el portal insideairbnb, una de cada diez viviendas del centro de Madrid está listada en Airbnb.  De hecho, en el Barrio de Sol (Madrid) ya hay más viviendas turísticas (1.209) que habitantes menores de edad (665), advierte Nación Rotonda en su cuenta de Twitter. 

El problema del precio del alquiler de la vivienda responde a un "mix de varios ingredientes", constata Álvaro Ardura, arquitecto y profesor de Urbanismo en la Universidad Politécnica de Madrid. Aunque la vivienda turística y la inexistencia de una política de contención de precios son dos de las causas principales, subraya. En España, explica Álvaro Ardura, no existe vivienda social como tal, algo que sí existe en Viena, por ejemplo, donde un tercio de la vivienda es municipal, otro tercio está en manos de cooperativistas o sociedades con un ánimo de lucro limitado, y el otro tercio está en el mercado libre.

No hay vivienda social, hay una falta de inversión pública en vivienda, y encima "tenemos un factor turismo que es mucho más potente que en otros países, sobre todo en las islas, en la zona de costa y en las capitales". El 95% de las viviendas en alquiler está en manos de los considerados pequeños tenedores, pero en el caso de las viviendas ofertadas en Airbnb, más del 65% está en manos de profesionales, de grandes tenedores. "La realidad del capitalismo de plataformas está muy lejos de la imagen de economía colaborativa que Airbnb intentó vender en un principio", indica.

Tampoco hay que subestimar, recuerda el experto, el papel que pueden jugar los fondos de inversión, porque, aunque tienen un porcentaje pequeño del parque inmobiliario (cercano al 5%) en determinados lugares pueden distorsionar el mercado. Es el caso de Puerta del Ángel, en Madrid, donde un solo fondo de inversión es propietario de 35 edificios, por lo que es capaz de condicionar los precios en todos los sentidos: puede hacer que suba el precio del alquiler y forzar también a los propietarios a vender barato, explica.

Una suma de causas que requieren una suma de medidas. No hay una solución mágica y menos en un país donde la vivienda sigue siendo considerada no como un derecho básico, sino como un bien de cambio y especulación, en donde hay una generación que se compró España y otra que, debido a la depreciación salarial, no consigue llegar al reparto, concluye Álvaro Ardura.