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Son 225 víctimas, 127 de ellas extremeñas, las que yacen, atrapadas durante ocho décadas, debajo de las lápidas del cementerio de Orduña, en Vizcaya, a 700 kilómetros de su casa en Castuera (Badajoz).
Son represaliados del franquismo, fusilados o muertos por las enfermedades provocadas por las condiciones de esclavitud en las que vivieron en un campo de concentración que ahora es un cementerio.
Algunos de sus familiares han visto hoy cómo las distancias se acortan. Una delegación del Gobierno vasco ha viajado hasta Castuera para entregarles la documentación que tienen sobre ellos. Y para pedirles que dejen una muestra de ADN para poder entregarles los restos de sus familiares.
Fueron detenidos cuando los rebeldes llegaron a Castuera, por ser sindicalistas o gente que defendía la legalidad republicana, ingresados en un campo de concentración, ahora en ruinas, en Castuera y desde allí, para que sus familias no pudieran visitarles, para hacer de la crueldad el denominador común, fueron trasladados hasta Vizcaya.
Fue en 2014 cuando se encontró a las 14 primeras víctimas, en 2022 se siguió con las exhumaciones para llegar a los 71 que ahora deben ser identificados.
Los de Orduña y Castuera son sólo dos de los más de 300 campos de concentración, que ha documentado el periodista Carlos Hernández de Miguel, que Franco puso en marcha y mantuvo durante la dictadura y en los que llegó a haber medio millón de prisioneros al final de la Guerra Civil.
Un trabajo para sacar a la luz una época de la historia de España contada a medias y que necesita ser divulgada. Como la historia de todos y cada uno de los represaliados, de sus familias, que llevan la herida de la pérdida y la desaparición generación tras generación.
Porque no hay rencor, ni odio en sus palabras, solo emoción y la necesidad de que sus seres queridos vuelvan a casa.