Millones de personas con derecho a ayudas económicas en España no están teniendo acceso a ellas y son precisamente los más necesitados quienes menos reciben. Nadie se las niega. En muchos casos, ni se piden. Por falta de información, bien para conocer la existencia de la ayuda, bien para saber tramitarla.

Un contrasentido cuya causa está en que las ayudas no basta con anunciarlas, ni siquiera con presupuestarlas. Para el bono social eléctrico, por ejemplo, hay 310 millones anuales disponibles, pero sólo una de cada tres personas con derecho lo ha pedido y a los más vulnerables sólo les han llegado 200.000 euros. Lo mismo sucede con el Ingreso Mínimo Vital o con el cheque de 200 euros para los más necesitados al que tienen derecho casi tres millones de personas. ¿Cuántas lo han pedido? 600.000.

En el polo opuesto están quienes menos necesitan las ayudas públicas. Los más ricos no sólo tienen más dinero, también más información. Y la aprovechan. El 20% de los hogares con rentas más altas de España recibió más del 30% de las transferencias del Estado, mientras que al 20% de los más pobres solo fueron a parar el 12%. Son datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además de tener más información, quienes más tienen son los que más se aprovechan de ayudas que no discriminan por renta, como las bonificaciones que dio el Gobierno para la gasolina, o las ayudas para el transporte.

¿Cómo se puede mejorar esta situación?

Los colectivos con mayor riesgo quedan fuera del sistema de ayudas por diferentes motivos: falta de información, por no tener acceso a las ayudas online, por las dificultades burocráticas, etc. Son ayudas creadas expresamente para los más necesitados y desfavorecidos pero que no son nada sencillas de solicitar.

Por ejemplo, si se decide pedir el bono eléctrico social, la ayuda que da el Gobierno a familias con rentas bajas para pagar la electricidad, hay que hacer muchos trámites. Lo primero es saber qué compañías dan el bono social eléctrico y si no eres de esa compañía, hay que cambiarse. "Ya empezamos mal", asegura Isabel Jiménez, presidenta de la Fundación Luz Solidaria, que ayuda a muchas familias a solicitar estos bonos de manera gratuita. Solo ocho compañías eléctricas de las casi 400 que hay en España pueden darlo. Después, la podrán solicitar aquellas personas que duplican el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que es el índice de referencia en España para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos. Con todo ello se solicita a su compañía y espera que lo valore.

Rellenar esos formularios se hace muy complejo. La información no se entiende, no está adaptada a las personas a las que va dirigida, muchas veces no saben lo que tiene qué hacer o qué presentar. "Nuestra primera propuesta", señala Jiménez, "es que se amplíen las compañías comercializadoras que puedan suministrar el bono social, porque si solo hay ocho, se crea un cuello de botella que complica mucho más pedir las ayudas".

Los datos son claros: Actualmente, sólo 1,5 millones de hogares tienen acceso al bono social, pero al menos al menos 2,6 millones de familias sufren pobreza energética, según la Fundación Funcas y Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas. Sólo un 30% de los consumidores que cumplen los requisitos tienen bono social ¿Qué pasa con el resto?

Desde la Fundación Luz Solidaria denuncian que tres de cada diez hogares españoles desconocen que existe el bono social. "De los 310 millones del bono social en 2022, sólo 200.000 euros llegaron a los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social. Representa sólo un 0,07 %. "Al final nos encontramos que los colectivos más vulnerables y que están fuera del sistema no tienen los medios para llegar a las ayudas. Tenemos que facilitar esta tarea porque vemos muchas familias que no sabían ni que podían pedirlo, o personas que lo han pedido, pero no han hecho bien los trámites y al solicitarlo nosotros, sí se lo han asignado. Incluso familias que, si han presentado la documentación adecuada, pero se lo deniegan y nosotros lo enviamos con lenguaje más técnico y por burofax y sí se lo dan. No hay derecho".

Jiménez asegura que "queda mucho camino por recorrer en el aprovechamiento de ayudas de bono social para consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social, dada la dificultad de llegada de la información a determinados colectivos de potenciales perceptores, así como de la complejidad de la coordinación entre las distintas entidades que deben intervenir en el proceso de cualificación de consumidor vulnerable en riesgo de exclusión social".

"Además, este bono es para las personas que no pueden pagar la luz, y se da la paradoja de que solo se puede pedir por internet. ¿Sabes cuantas personas no tienen internet en casa ni forma de acceder a ella? Estas ayudas se quedan vacías, principalmente por desconocimiento. Y eso no se puede consentir", dicen desde Luz Solidaria.

Coincide con ella Lola Fernández, la Vicepresidenta de Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) que asegura que la brecha digital es la principal barrera con la que se encuentran estas personas más vulnerables. La mayoría de las ayudas solo se pueden solicitar online y las personas a las que van dirigidas o no tienen dispositivos, o conectividad o les faltan competencias digitales. En el ámbito rural también se complica la cosa.

Cuando consiguen solicitarlo hay un 30% de los que se lo deniegan que no insisten, se desaniman. "Sin embargo hemos visto que muchas familias numerosas con rentas altas o medias, sí han solicitado el bono social, al que tienen derecho, por lo mismo; porque tienen acceso a información y a formación, lo saben pedir. Es normal que lo pidan, pero a cambio hay miles de personas a los que no les llega", dice Jiménez.

"Los que piensan que no cumplen los requisitos, los que no lo saben, los que no tienen acceso... esto es un derecho y como tal se debe poder acceder a él. Al final son los que más lo necesitan. Y los que tienen más formación, más acceso a la información, más herramientas lo tienen más fácil para poder acceder a ellas", comentan desde EAPN-ES.

Por eso piden oficinas presenciales de cara al público. Para que estas personas se sientan acompañadas y les puedan decir: "Te falta este papel o este otro, tráelo mañana". Es imprescindible que personas mayores tengan donde ir a presentar esas ayudas, familias monoparentales con niños, inmigrantes que no manejan el idioma. No se lo podemos poner más difícil todavía con lo que ya tienen", dice Jiménez.

"¿Cuántas personas mayores que cobran 400 euros no saben gestionar esas ayudas? Esas personas tienen mil problemas más como para que se dificulte una cosa a la que tienen derecho. No es que no haya ayudas, es que no es fácil acceder a ellas", dice Fernández. "Hay que abordar el problema y dar soluciones". Reivindican también acompañamientos en estas oficinas, personas que les expliquen y ayuden a poder tener la documentación requerida. "Porque a veces es complejo hasta para nosotros", asegura Fernández.

Otro ejemplo, el cheque de 200 euros anunciado en el plan de julio se limitaba a las personas vulnerables: solo había que estar dado de alta como desempleado, tener rentas inferiores a 14.000 euros anuales en el hogar y además solicitarlo. El problema de muchas ayudas de este estilo vuelve a ser el mismo; que los colectivos a los que van dirigidas no las conocen y por lo tanto no acceden a ellas. Este cheque de 200 euros ha sido una prueba más de ello: de los 2,7 millones de personas que se calculaba lo podían cobrar, según las cifras de la Agencia Tributaria, lo han solicitado 600.000.

Con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), pasa lo mismo. Lo sacó el Gobierno durante la pandemia para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, pero solo ha llegado al 40% de los hogares que tienen derecho a esta ayuda. Un porcentaje alto de personas a los que le correspondería no lo pide porque no sabe que existe o porque cree que no tienen derecho a él.

Por el momento se ha concedido a unos 550.000 hogares de las más de dos millones de solicitudes que han recibido. Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) se calcula que habría entre 180.000 y 200.000 hogares españoles en esta situación de 'non take up': Tendrían derecho al IMV, pero no lo han solicitado.

Lola Fernández, explica que se ha puesto en marcha junto con el Ministerio de Inclusión este proyecto 'non take up' para ver el porqué de que no lleguen estas ayudas a las personas a las que van dirigidas. "No puede ser que solo 550.000 hogares hayan recibido el INV, es imposible, algo está fallando. Nosotros ya lo sabemos, pero queremos constatar con datos y ponerlos en evidencia. A veces se piden trámites administrativos similares para recibir una ayuda de 200 euros que una de dos millones".