La mujer de la supuesta agresión sexual realizada por el futbolista Dani Alves, no ha sido la única víctima de este tipo de agresiones en rechazar la indemnización económica que le corresponde por derecho, alegando que existe el miedo de que al querer la compensación se menosprecie su testimonio y no se le crea.

Esta indemnización le corresponde a todas aquellas víctimas de violencia de género o agresiones sexuales, siempre y cuándo un juez así lo ratifique. Algo que no sucede entro tipo de delitos. Ahora, tras este nuevo caso de rechazo, el debate vuelve a estar en la mesa. Los expertos, alegan que un gran número de condenas o no contemplan la indemnización o consignan cantidades muy bajas que no compensan los daños morales, psicológicos y económicos que sufren las supervivientes. Y reclaman un baremo que permitan homogeneizar las indemnizaciones en este tipo de casos, como ya sucede, por ejemplo, con los accidentes de tráfico o laborales.

En la nueva ley del 'solo sí es sí', se recoge en uno de sus apartados que debe existir una indemnización que repare también el daño social de la víctima y abre la posibilidad de volver a abrir la puerta a la previa renuncia de la indemnización.

Las víctimas deben confirmar al inicio del proceso judicial o bien cuando se redacte el escrito de acusación, si están dispuestas a reclamar una indemnización económica o si renuncian a ella. La compensación puede ser reclamada tanto por la víctima como por el Ministerio Fiscal,  aunque si la primera renuncia a esa indemnización, o decide canalizarla en un procedimiento civil, la Fiscalía ya no puede solicitarla

Pero en gran parte de los casos, las víctimas renuncian a reclamar el dinero, ya que temen que se pueden tergiversar los hechos o su declaración. Actualmente, existe una gran presión social o miedo a que no les crean, así como que "buscan otros motivos económicos o de venganza", asegura Lydia García Olcina, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Thermis, a lo que ha añadido que lo único que buscan las víctimas es que "se castigue lo que ha hecho" y "que se vea que el interés es el de la verdad", como defiende José Miguel Fernández, abogado de la Asociación Clara Campoamor.

Estas indemnizaciones son "ínfimas, desde los mil a los cinco mil por una agresión sexual", como alega el abogado. En casos como la agresión grupal de la Manada, en un principio, la Audiencia de Navarra la cuantificó en cincuenta mil euros, aunque posteriormente el Tribunal Supremo la dobló.