El precio del aborto en España: la factura que paga el Estado a las clínicas por el "estigma" médico

El aborto en España vuelve a centrar la agenda política. Datos, estadísticas e informes son manejados y empleados estos días como arma arrojadiza. Hay uno que no deja de sorprender: el aborto es una práctica cubierta por la sanidad pública, la mujer no debe pagar por ello, pero la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en centros, concertados o privados, que luego pasan la factura a la administración. ¿Por qué, cuánto cuesta un aborto en España?

Según las estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad, en 2021, el 84,33% de los abortos se practicaron en centros privados y solo el 15,67% en centros públicos. De ese 84% “la mayoría son concertaciones, es decir, se paga por lo público, pero se derivan a la privada”, aseguran a NIUS fuentes del Ministerio de Carolina Darias.

“No quiere decir que la mujer se lo pague, sino que son centros que están concertados y financiados por la sanidad pública”, explica Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). Lo más correcto, por tanto, considera la especialista, sería hablar de servicios concertados, no de privados.

Una intervención que en su caso, en la clínica Ginegranada donde trabaja la doctora García, cuesta hasta 500 euros si requiere sedación y se hace por lo privado. "Si se factura al Servicio Andaluz de Salud, es algo más barato, son 486 euros, ya que existe un convenio", indica. Cada centro tiene sus propias tarifas dependiendo de lo concertado con la comunidad autónoma y de la técnica necesaria para interrumpir la gestación: si se hace con pastillas o precisa de una intervención quirúrgica. Según el portal especializado en reproducción asistida, el precio del aborto quirúrgico varía entre los 325 y 450 euros,  aproximadamente, en función de la clínica y de las semanas de gestación.

Pero, ¿por qué no se realiza la interrupción voluntaria del embarazo en los centros públicos de forma mayoritaria, por ejemplo, en los hospitales? Por el estigma que el aborto ha supuesto y sigue suponiendo hoy en día no solo para las mujeres, sino también para los profesionales, considera Francisca García. "Hacer abortos no suma, ya desde que se aprobó la primera ley del aborto en 1985, los profesionales de la sanidad pública fueron reacios a practicarlo, por eso se fueron creando los centros especializados que aprendieron todas las técnicas".

"Los hospitales públicos de algunas comunidades, como Cataluña y Baleares, todavía hoy solo ofrecen técnicas farmacológicas con las que el profesional no se implica directamente en la práctica del aborto, por lo que no se garantiza ni la calidad en la prestación, ni la seguridad sanitaria, ni la autonomía de la mujer quien, según la ley, puede elegir con qué método pone fin a su embarazo ", indica la presidenta de ACAI.

Esto es precisamente lo que pretende la nueva ley del aborto que se encuentra ya en fase parlamentaria, que los abortos se practiquen de forma mayoritaria en los centros públicos y no sea un servicio derivado. Para ello, apunta Francisca García, se deberían haber hecho unos deberes que "no se han realizado", porque "no se ha formado a los profesionales, ni se ha creado las unidades específicas del control del embarazo, se podría hacer con el control de la objeción de conciencia, (de forma que siempre hubiese un ginecólogo disponible en un centro público para practicar el aborto), pero eso es solo una parte y otra es que se ofrezcan también todas las técnicas, no solo las farmacológicas". Se podrá mejorar así la accesibilidad, las mujeres podrán abortar en los centros públicos, pero ello irá en detrimento de la calidad, advierte la presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo.

En el conjunto de España, se estima, el 90% de las intervenciones son sufragadas por la seguridad social, aunque también hay comunidades donde el porcentaje es menor. En Castilla y León, por ejemplo, en 2021 se practicaron 2.597 abortos voluntarios. 1.502 financiados por la seguridad social y 1.095 por lo privado. En León, de hecho, más de la mitad de los abortos se hacen por lo privado, siendo la mujer la que lo paga de su propio bolsillo. ¿Por qué? Porque el estigma también funciona para las mujeres, recuerda la doctora García, y al final, ante las distintas trabas, quien puede decide no hacer el trámite del circuito público y recurrir directamente al privado.