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La Fiscalía ha pedido este miércoles que se promueva la instalación de dispositivos de seguimiento telemático de agresores de víctimas de violencia de género en riesgo extremo, alto o medio para los que no se haya solicitado prisión, una medida que en España ya protege a 3.015 mujeres.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, también pidió en diciembre que se incrementara el uso de estas pulseras y recordó que ninguna mujer con estos dichos dispositivos ha sido asesinada por violencia de género.
Según los últimos datos disponibles en el Boletín Estadístico Mensual del Ministerio de Igualdad, en noviembre de 2022 había un 16,7% más de dispositivos activos que en el mismo periodo de 2021.
Solo en noviembre, el último mes para el que hay datos, se instalaron 166 de estos aparatos, aunque se desactivaron casi el mismo número, 165.
La comunidad autónoma con un mayor número de dispositivos activos es Andalucía, con 1.138, el 37,7% del total. La siguen la Comunidad Valenciana, con 376, y Madrid, con 289.
Los dispositivos de seguimiento telemático de agresores, cuyo uso debe ser acordado por la autoridad judicial junto con la medida o pena de prohibición de aproximación a la víctima, son aparatos que portan tanto ésta como el investigado.
El agresor lleva un brazalete de pequeñas dimensiones que emite una señal de radiofrecuencia e incorpora unos sensores que permiten detectar su manipulación o rotura, así como la ausencia de contacto con la piel del usuario. También porta una unidad "2Track", un dispositivo de localización GPS que incorpora las funcionalidades básicas de un teléfono móvil, como comunicación de voz y mensajería.
La víctima también lleva una unida "2Track", aunque la suya incorpora una antena exterior de radiofrecuencia que detecta la señal del transmisor del agresor.
El sistema permite configurar en los dispositivos cuantas zonas de exclusión fijas se estime necesario, es decir, realizar el seguimiento de la prohibición de aproximación a distintas ubicaciones físicas, como el domicilio, lugar de trabajo o término municipal íntegro de la víctima.
En condiciones óptimas, el dispositivo de ésta recibirá una alarma cuando el agresor se encuentra a una distancia de 500 metros.
Dichos dispositivos permiten verificar el cumplimiento por parte de los agresores de la prohibición de aproximación a la víctima impuesta judicialmente en los procedimientos de violencia de género.
El sistema proporciona información actualizada y permanente de las incidencias que afecten al cumplimiento o incumplimiento de dichas medidas o penas, así como de las posibles incidencias, tanto accidentales como provocadas, en el funcionamiento de los dispositivos electrónicos utilizados.
Así, este sistema tiene tres objetivos, según Igualdad: hacer efectivo el "derecho de la víctima a su seguridad y contribuir a su recuperación", documentar el posible quebrantamiento de las penas impuestas, y "disuadir al inculpado/condenado".
El Ministerio de Igualdad tiene contratada la prestación del servicio del sistema de seguimiento con una empresa privada, que es la encargada de realizar las tareas de monitorización, operación e instalación de los dispositivos, así como el control de las alarmas.
Desde 2009 esta adjudicación recae sobre Telefónica, que en colaboración con Securitas Direct creó el Centro de Control Cometa, que es quien se relaciona con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para avisarles cuando hay una incidencia.
El centro de control está operativo las 24 horas del día los 365 días del año.