El protocolo que Interior quiere sacar adelante, ante el doloroso goteo de crímenes machistas, tendrá que salvar el choque de dos derechos: el de intimidad y reinserción del hombre/maltratador y el de la integridad de la vida de la mujer/víctima. Por eso no se podrá hacer de manera automática y generalizada. Solo si se valora que hay un riesgo para la vida de la víctima se podrá comunicar a la mujer que su conviviente tiene antecedentes. Pero, ¿cómo saber qué la mujer está en riesgo? Con la primera denuncia. Por lo tanto, no hay seguimiento de maltratadores porque eso no estaría contemplado en ninguna Ley, además afecta a derechos fundamentales, y porque es imposible materialmente controlar la vida de todos los ex condenados y sus relaciones.
Lo que hay es que oficializar y legalizar algo que en la práctica ya se hacía. Porque en las valoraciones de riesgo policiales uno de los parámetros más importantes para catalogar el riesgo alto y extremo son los antecedentes por violencia de género. De hecho se trabaja con las mujeres en ese sentido para que denuncien a sus maltratadores y porque, como dice la Delegada del Gobierno para la violencia de género, Victoria Rosell, eso ya se hacía en los juzgados cuando llevaban detenido al maltratador. Lo primero que hacía ella cuando era juez, es decirle a la mujer los antecedentes de su agresor.
En cualquier caso, siempre se podrá comunicar cuando haya un peligro potencial pero alto y pida ayuda, o tras la primera amenaza o la primera agresión, como dice la Unidad de Violencia de la Fiscalía General del Estado. Miguel Lorente, que fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género, explica que afectaría a cifras muy bajas, solo los denunciados y de ellos el 40% que son los que reinciden, lo que acabaría siendo entorno a un 12% de los casos. Por eso cree que el problema no son las valoraciones de riesgo policiales sino las judiciales, que son muy mejorables. También Victoria Rosell plantea que donde hay que poner el foco es en ayudar a abrir la puerta judicial al 70% de las maltratadas que no se deciden a que se tomen medidas contra sus maltratadores. Hay que acompañarlas hasta el final.
Sería más efectivo ahora mismo trabajar en las valoraciones de riesgo judiciales cuando las mujeres no ratifican sus denuncias policiales como es el caso de Tenerife. Hayat había contado a Guardia Civil todos los detalles de las amenazas y el acoso que sufría. Pero en el juzgado, con él detenido delante, no quiso declarar contra él y se negó a tener medidas de protección que implicaban alejamiento y la salida del maltratador de la vivienda.
El fiscal podía haber percibido que tenía miedo o quizá que estuviera amenazada y por eso se retractaba. En el atestado policial se contaba con palabras textuales la amenaza de muerte de él cuando se enteró de que ella empezaba a ver a otro hombre. No era pareja sentimental, convivían para compartir gastos después de que ella se divorciara de él porque la maltrataba incluso embarazada. Ya evitó que él entrara en prisión una vez, y ahora lo había evitado otra vez. Pero el fiscal podía de oficio haberla protegido. De hecho, la Guardia Civil, ante el archivo policial decidió no bajar el riesgo de alto a bajo, lo que dice la Ley. Y lo dejó en riesgo medio con especial relevancia, con el objetivo de hacer seguimiento. Esos son los casos que hay que vigilar. No se pude cargar toda la responsabilidad sobre los hombros de las maltratadas.
Quizá el repunte de los casos de asesinatos de mujeres haya que buscarlo en el repunte de la criminalidad en general y en que el rechazo social al maltrato ha descendido. Pueden haber calado argumentos y discursos políticos de que hay leyes que van contra los hombres, que se han tornado en víctimas. Miguel Lorente lo cree así y cree que eso habría reforzado a muchos maltratadores y da un dato que preocupa: los suicidios tras los asesinatos han descendido del 29% al 20%. Nueve puntos porque hay menos rechazo social.