Este domingo se cumplen 30 años de la desaparición de las tres niñas de Alcàsser, uno de los hitos criminales más graves de la historia reciente de España y cuya trayectoria judicial mantiene un hilo de actividad para aportar más evidencias sobre lo sucedido, cotejando muestras de ADN, o cimentar la acusación contra el prófugo Antonio Anglés.

Las tres menores, de 14 y 15 años, salieron del domicilio de una amiga un sábado a las 20 horas con la intención de acudir a una discoteca cercana a la que nunca llegaron. Sus cuerpos fueron hallados el 27 de enero de 1993 semienterrados en una paraje montañoso de la localidad de Tous.

Este crimen se juzgó en 1997 (el Supremo confirmó la sentencia en mayo de 1999) con Miguel Ricart como único procesado, y fue condenado a 170 años de prisión. Actualmente tiene 53 años y salió del centro penitenciario de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) en noviembre de 2013, tras ver reducida su sentencia a 21 años por la suspensión de la denominada doctrina Parot.

Los jueces de la Audiencia Provincial de Valencia consideraron probado que las tres niñas fueron raptadas el 13 de noviembre de 1992 por Ricart, otro varón identificado que no fue detenido (Anglés) y posiblemente alguna persona más.

La investigación judicial sobre lo sucedido, de la que es responsable el Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira, está completamente agotada, aunque queda abierta una pieza dedicada exclusivamente a la localización de Anglés, uno de los prófugos más perseguidos de toda Europa.

En el marco de esa pieza, en los últimos meses la Asociación Laxshmi para la lucha contra el Crimen, que ejerce la acusación popular, ha solicitado al instructor varias pruebas en los vehículos incautados a Ricart y Anglés y ha pedido al Juzgado que dé un impulso procesal a las pruebas aún pendientes de resultados "utilizando las técnicas más modernas que posean".

Así, se ha reactivado el análisis de pelos y otros posibles restos forenses en los vehículos, se ha impulsado la búsqueda de ADN en la ropa interior de las tres niñas asesinadas y otros restos encontrados en varios escenarios relacionados con este suceso, como la alfombra en que fueron envueltas tras su violación, tortura y asesinato.

El juez ha ordenado analizar de nuevo en busca de posibles restos una sábana blanca que cubría un colchón de espuma en la caseta de La Romana (donde supuestamente se retuvo a las niñas durante la noche), varias fibras del forro de un colchón hallado en el mismo lugar, ropa interior de Toñi, las camisetas de Desirée y Miriam, un pedazo de tapizado del Opel Corsa de Miguel Ricart, unas raspaduras tomadas del interior de la citada caseta y de un trozo de madera del mismo lugar.

A finales de los años 90, algunas de estas muestras dieron positivo en pruebas orientadoras sobre semen o sangre pero, o bien no dieron confirmación en pruebas posteriores o no se practicaron análisis detallados por falta de tiempo, ni se obtuvo ADN, posiblemente por la baja sensibilidad de las pruebas y tecnología de ADN de la época, opinan los especialistas que han instado estas pruebas.

Otra consecuencia de la actividad judicial en torno a esta batería de pruebas solicitadas es evitar la posible prescripción de uno de los crímenes más conocidos de la historia de España sin despejar algunas de las principales incógnitas sobre lo que ocurrió esa noche, ya que la misma sentencia apuntaba a la participación de terceras personas que no habrían sido identificadas hasta la fecha.

Treinta años después de este atroz crimen, la violencia sexual sigue siendo una de los principales problemas de seguridad pública y una de las principales ocupaciones de los juzgados de lo Penal en España.

Prácticamente todos los cuerpos de seguridad disponen de personal especializado y protocolos para su atención, y en esta misma semana también el Ayuntamiento de Alcàsser ha publicado una Guía de Prevención, Detección y Actuación en casos de violencia sexual, que contempla una intervención con los alumnos de dos colegios públicos y el instituto de la localidad.