{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Este lunes, 7 de noviembre, ha arrancado en la Audiencia Provincial de Cantabria el juicio por el llamado caso de ‘la cabeza de Castro Urdiales’. En el banquillo se sienta Carmen Merino como acusada de decapitar a quien era su pareja, Jesús Mari Baranda, en 2019, algo que la defensa insiste en que será muy difícil de demostrar, convencida de que la acusación no podrá aclarar con precisión ni cuándo, ni dónde ni cómo murió.
Entre la marea de incógnitas, la principal es que no se sabe dónde está el cuerpo. Solo apareció el cráneo, y estaba metido en una caja que una vecina custodió “durante seis meses”. Presuntamente, según la versión de la acusación, Carmen Merino se la entregó pidiéndole que la guardase al verse alertada por el registro que la Guardia Civil iría a realizar en su casa. Entonces, supuestamente, –y a la espera de que la vecina declare como testigo–, la acusada le dijo que en su interior había juguetes sexuales y le daba vergüenza que los agentes lo viesen en la inspección. La Benemérita había avisado del procedimiento tras meses de búsqueda desde que desapareciese Jesus Mari en febrero de 2019 y la familia lo denunciase tiempo más tarde.
Según la acusación, encabezada por Ana Quintana Burusteta, en representación de los hijos de Jesús Mari, Carmen Merino, de 64 años, “con un fin claro de acabar con la vida” de la que fue su pareja “durante aproximadamente 7 años”, le “procuró medicamentos, entre ellos diazepam y sucedáneos, con el objetivo de que perdiera la consciencia y no se pudiera defender”, para así cumplir su propósito. La motivación principal, inciden, sería “la causa económica”; “para obtener una serie de prebendas económicas”.
“Todo este entramado estaba absolutamente estructurado con carácter previo. Lo empezó a estructurar a finales de 2018, y con el desarrollo de la prueba lo entenderán. Fue urdido y procurado con gran alevosía”, subraya la acusación, pero la defensa advierte un cúmulo de circunstancias que harán de este juicio uno sumamente complejo para todos.
El abogado de Carmen Merino ha advertido, en el arranque de la sesión, que todos van a tener que “pelear” con las dificultades que entraña un caso rodeado de incógnitas, y se ha manifestado convencido, de hecho, de que será muy difícil probar que su clienta haya cometido asesinato alguno.
La Fiscalía pide para ella 25 años de cárcel, pero Ezequiel García Peña insiste en que “en un juicio es tan importante lo que hay como lo que no hay”, asegurando que “la investigación viene ya condicionada” porque “nadie registró la casa de Carmen Mendoza”, la casa de la vecina que custodió la caja en cuyo interior estaba el cráneo de Jesús Mari.
“Tuvo el cráneo en una caja durante seis meses. En su casa y en su armario. Cuando venga aquí nos lo tendrá que explicar”. “Nadie registró la casa de Carmen Mendoza, a pesar de que se pidió”, ha insistido, dejando ver una incongruencia en la investigación.
“Nadie miró esa casa. Nadie miró si había huellas. Nadie miró si había sangre. Nadie miró en el armario de al lado. Nadie miró en el cajón de debajo. ¿Para qué, si ya hemos titulado que Carmen Merino decapitó a su marido y le mató? ¿Para que hace falta registrar, por ejemplo, la casa de ese testigo que reconoce, veremos a ver qué dice aquí, que tuvo el cráneo durante seis meses en su casa?”, se ha preguntado, dejando clara de este modo su estrategia y su línea de defensa.
Según Ezequiel, –que incide en que tampoco se registró otra casa del fallecido, que había heredado de sus padres, estaba vacía y que comparte con otro testigo–, la acusación “no va a poder demostrar tres cosas esenciales: ni cuándo murió Jesús Baranda, ni dónde murió Jesús Baranda, ni cómo murió Jesús Baranda".
Sobre ello, ha avanzado que se van a presentar pruebas sobre la causa de la muerte, –una prueba pericial, con “unos médicos que han hecho una autopsia del cráneo”, y ha señalado que ellos ya tienen un informe previo: “Los médicos dicen que no saben la causa de la muerte”, ha dicho.
“Pudo morir de un disparo, de una puñalada, de un infarto, de covid, de cáncer… No lo saben. No saben cuál es la causa de la muerte”, ha denunciado, señalando que “para discutir que alguien mató a alguien lo primero que tenemos que tener claro es que alguien ha sido asesinado”.
"Tú le puedes cortar a alguien la cabeza y que eso no sea un asesinato". “Clavar un cuchillo a alguien que ya está muerto no es un asesinato. Descuartizar un cuerpo y decapitar un cadáver no es un delito de asesinato, será otra cosa", ha defendido, indicando que el juicio tiene la previsión de durar 15 días, pero “podría durar mucho menos”.
“La mayoría de la prueba testifical van a ser opinadores acerca de si se llevaban mal Carmen y su marido, de si tenían problemas económicos, de si alguno pensaba o no en divorciarse… La medida de la prueba va a girar en torno a algo que curiosamente es lo único que la ley dice que no hace falta que pruebes, que es los porqués”, ha sentenciado.