La próxima Ley de Función Pública de Andalucía reconocerá la labor de aquellos funcionarios que tengan un mejor desempeño profesional, pero también penalizará a quienes no realicen su trabajo adecuadamente. Esta norma la aprobó el pasado miércoles el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y en breve se iniciará su tramitación parlamentaria

El consejero de Justicia y Administración Pública, José Antonio Nieto ha revelado que "no es una ley del Gobierno ni de un sindicato", sino que nace del consenso. El texto sustituirá al actual, que data de 1985, y aúna en una única norma todas las materias relativas al régimen jurídico de la función pública en Andalucía “con el fin de atraer, desarrollar y retener el talento humano”. Así lo recoge el Diario de Sevilla.

El texto regula toda la carrera del funcionario, desde la incorporación a la función pública, y afectará a todos aquellos que desempeñen su trabajo en la Junta de Andalucía o en administraciones andaluzas. El personal funcionario de carrera e interino tendrá oportunidades de ascenso y promoción sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo gracias a la percepción de este nuevo concepto retributivo. Para ello se va a establecer un sistema de tramos en función de los resultados obtenidos al ser evaluados.

Nieto ha explicado que el objetivo de esta ley trata de "incentivar y reconocer el trabajo productivo" teniendo en cuenta conceptos como el grado de interés, la iniciativa o la participación. Una evaluación positiva conllevará complementos retributivos por desempeño. En el caso de la evaluación negativa, se deberá llevar a cabo un programa de formación específica. Si se repite de forma consecutiva, limitará la evaluación de los méritos en los concursos de traslado y, si la situación persiste, se resolverá de forma reglamentaria.

La evaluación también se extiende a los puestos directivos. Se establece un sistema de selección del personal directivo por convocatoria pública y atendiendo a los principios de capacidad, conocimiento y competencia, para lo que se creará una comisión independiente, y un régimen jurídico y retributivo con una parte variable en función de objetivos marcados en los acuerdos de gestión, cuya evaluación también determinará la continuidad en el puesto.

La norma parte con siete objetivos indispensables:

La nueva ley incorporará a su articulado la posibilidad de teletrabajar, otra innovación muy demandada. Y también reconocerá el derecho a la desconexión digital. Otro aspecto importante, que no estaba regulado en la anterior Ley, es la formación, el aprendizaje y la acreditación de competencias, cuyos conceptos se definen y se recogen tanto como derecho y como deber.