Ley Zerolo: En qué consiste y qué derechos protege la ley para la igualdad de trato y no discriminación

La Ley Zerolo, que busca prevenir y eliminar todas las formas de discriminación acaba de ser aprobada por el Gobierno, después de un largo trámite parlamentario y cuatro intentos. Al fin es una realidad para reforzar el artículo 14 de la Constitución Española que prohíbe la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

La ley Zerolo, que lleva el apellido del militante socialista Pedro Zerolo, conocido activista por los derechos LGTBI, contempla sanciones que van desde los 300 a los 500.000 euros .

Impulsada por el grupo socialista, la ley Zerolo aborda todas las formas de discriminación, con especial hincapié al antigitanismo, ahora reconocido como un delito de odio en el Código Penal, al igual que la aporofobia -el odio al pobre-, pero también contra personas con algún tipo de discapacidad.

La Ley Zerolo "no pretende tanto reconocer nuevos derechos sino garantizar los que ya existen", de forma que desarrolla el artículo 14 de la Constitución e incorpora la jurisprudencia constitucional que hay al respecto.

Establece medidas para evitar la discriminación laboral, sanitaria, el acceso a la vivienda o al ámbito educativo y determina que ninguno de los centros que excluyan a personas o grupos por alguno de estos motivos podrá acogerse a cualquier forma de financiación pública.

La ley Zerolo, incluye la lucha contra segregación escolar por motivos socioeconómicos, de sexo, raza o enfermedad .

Las web y las aplicaciones informáticas tendrán que cumplir los requisitos de accesibilidad para garantizar la igualdad y la no discriminación en su acceso, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores, medidas que incorporó el Senado y que hoy ha ratificado el Congreso.

Sanciones van desde los 300 a los 500.000 eurosy diferencia entre infracciones leves, graves y muy graves. Para las primeras las multas van desde los 300 a los 10.000 euros; las graves, entre 10.001 y 40.000 euros, y las muy graves que pueden llegar hasta los 500.000 euros.

Además de las multas, la ley prevé la creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que se encargará de proteger y promover lo que defiende la ley y en los ámbitos competencia del Estado previstos en la norma, tanto en el sector público como en el privado.