Los repobladores de Fraguas, un pequeño poblado del siglo XII, se enfrentan a una pena de prisión de dos años y tres meses por un delito contra la ordenación del territorio, al no poder asumir, como exige la sentencia, la demolición de lo que han rehabilitado y cuyo presupuesto asciende a 110.000 euros, aunque en un principio se estimó en 27.000 euros.

Según explican los jóvenes, seis son los que se enfrentan a la posibilidad de entrar en prisión, el delito que se les imputa no se ajusta a su actuación, ya que no especulan, no tienen ánimo de lucro y no se trata de una edificación nueva, ya que está reconstruido sobre lo que había quedado tras su expropiación, por parte del dictador Franco, en 1969.

El pueblo, que está dentro de un parque natural, está calificado como monte de utilidad pública, pero los repobladores de Fraguas insisten en que este cambio se hizo con trampas y saltándose la ley y que su apuesta es recuperar su denominación o, al menos, que se autoricen dentro del parque los usos que le están dando al poblado, acordes, insisten, con la legislación.

Lalo Aracil, uno de los repobladores, explica que hay otros 40 pueblos dentro del parque natural y que tanto el ICONA como los movimientos ecologistas han descartado que se esté produciendo ningún daño contra la naturaleza.

Por su parte, Isaac Alcázar, otro de los condenados, asegura que en otras comunidades autónomas los gobiernos regionales están apoyando este tipo de proyectos que ayudan a revitalizar el medio rural, sin coste para el Estado, ya que son ellos los que asumen el trabajo y el material necesario para recuperar el modo de vida en estos poblados.