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Comienza la cuenta atrás para que se le practique la eutanasia al conocido como pistolero de Tarragona, una decisión que ha sembrado la polémica. La Generalitat considera que el hombre cumple con todos los requisitos para poder poner fin a su vida de manera legal.
La comisión de garantías ha ratificado que el hombre vive con un sufrimiento físico grave que le impide hacer vida normal y que además es consciente de esa situación y por eso autorizará su muerte asistida.
El vigilante de seguridad, de 46 años, reclamó la eutanasia por la lesión medular que sufre a consecuencia de los disparos de los Mossos d'Esquadra, que en diciembre de 2021 le tirotearon para reducirle cuando se atrincheró en una masía abandonada tras abrir fuego contra sus compañeros de la empresa de seguridad en que trabajaba.
El hombre hirió a tres compañeros suyos en las oficinas de Securitas en Tarragona y a un agente de la policía autonómica que trató de detenerle en su huida, tras lo que se atrincheró en una masía de Riudoms.
Desde el primer momento, la acusación particular en la causa se opuso, reclamando al juzgado que paralizara la eutanasia, si bien la jueza decidió autorizarla el pasado 6 de julio al entender que la muerte digna es un "derecho fundamental" y argumentando que la justicia no puede interferir en un proceso de muerte asistida.
En un escrito, el letrado sostenía que el Hospital de Terrassa "no puede en modo alguno decidir sobre la vida de un investigado internado por orden judicial".
"Un asesino, o presunto en este caso, no puede esquivar ni el juicio ni una condena mediante una eutanasia", de forma que debe ser el juzgado el que acuerde "todas las medidas de protección necesarias para evitarlas", esgrimía la acusación.