Este viernes hemos visto imágenes de la brutal agresión homófoba a un joven, cometida hace tres años, en el Metro de Barcelona. Los autores de la paliza se enfrentan a cinco años de prisión por un delito que, esta vez sí, ha llegado a juicio.
La víctima sale del vagón para huir de los insultos homófobos, pero al llegar al final del andén no puede escapar de los golpes. Patadas y puñetazos que hoy el joven ha recordado en el juicio: "Estaba acorralado, notaba golpes en la espalda, por todo el cuerpo. Paran de agredirme cuando llegan los vigilantes de seguridad".
Para entonces, el chico ya tiene un ojo sangrando y varias heridas en su cuerpo. Uno de los tres acusados ha relatado la escena que presenció, indicando que "lo cogieron a patadas. Cuando yo me acerqué a ellos, vi que ya estaba sangrando".
Una agresión que tres años después convierte el miedo en secuela. "Si, a lo mejor, voy con un chico prefiero no dar muestras de afecto para evitar problemas", dice la víctima. Desde entonces, sufre ansiedad cada vez que va en transporte público. Su abogada, Laia Sierra, destaca que "es un crimen de odio para generar inseguridad a las personas LGTBI".
Un hecho que, por desgracia, resulta demasiado común. Marc Serra, concejal de Derechos de la Ciudadanía del Ayuntamiento de la capital catalana, apunta que "al año registramos, más o menos, ochenta actuaciones de LGTBIfobia".
Los acusados se han desvinculado de la agresión: el primero ha dicho que solo vio la paliza sin intervenir -contra él, se han retirado las acusaciones-, otro que no recuerda qué pasó al bajar del vagón, y el tercero que vio cómo le golpeaban e intentó "separarlos".
Sin embargo, las acusaciones han presentado como prueba las grabaciones de las cámaras de seguridad del Metro, que filmaron lo que ocurrió en la estación de Urquinaona.
Los dos sospechosos que finalmente esperarán sentencia se enfrentan a peticiones de condenas que ascienden hasta los cinco años de prisión. Fiscalía, por su parte, ha exigido esta pena por un delito de lesiones con el agravante de móvil discriminatorio.
El Observatorio Contra la Homofobia (OCH), que representa a la víctima, y el Ayuntamiento de Barcelona han pedido penas de cinco años por lesiones agravadas y un delito contra la integridad moral.