Un total de 58 perros llevaban sufriendo esto en la localidad onubense de Manzanilla desde hacía meses, hasta que el trabajo conjunto de ocho protectoras y los agentes del Seprona han conseguido sacarlos de la rehala en la que malvivían a manos de su presunto maltratador para recuperarlos física y psíquicamente.

Los animales se encontraban hacinados, la mayoría de ellos atados. Las condiciones de los canes eran desconsoladoras, estaban los huesos, sin comida, ni agua y plagados de parásitos. Estas conductas hacía los animales no racionales se define como maltrato animal por la comisión por omisión de cuidados básicos. Además, casi todos tenían las orejas y el rabo mutilados lo que supone un delito tipificado en el código penal.

Las protectoras onubenses Casa de Postas y Apapa en Ayamonte, el Santuario sevillano La Candela, la asociación Parenas, Fundación Caballos en Peligro y la Fundación Benjamín Mehnert en la provincia de Sevilla, así como las malagueñas Sociedad Portectora de Animales y Plantas y Par Rescue Álora, se han hecho cargo de 49 de los 58 perros de la rehala del cazador de Manzanilla que los mantenía en un lamentable estado de salud e higiene básicas. Los otros 9 restantes están aún en la finca investigada con seguimiento del Seprona por tratarse de Perros Potencialmente Peligrosos (PPP).

Cuando la Guardia Civil procedió a realizar una inspección en presencia de su propietario, la mayoría de los canes presentaban una delgadez extrema, con parásitos e incluso con patologías en sus cuerpos como cojeras, cataratas y heridas de diversa consideración, unido a un gran cúmulo de excrementos así como de trozos de pavos en descomposición esparcidos por las perreras que servían de sustento a los perros, desprendiendo un fuerte olor. 'La finca de los horrores' la han bautizado algunos de los voluntarios de las protectoras que han participado en el rescate.

Por todo ello se levantó acta de inspección y se procedió a pasar el lector de microchip a todos los animales allí albergados, resultando que 34 de ellos carecían de identificación, otros la tenían pero estaban puestos a nombre de terceras personas y sólo 8 correspondían con el titular de la explotación. Además se constató in-situ, anomalías en tres cartillas, no correspondiendo el animal con lo reflejado en la documentación presentada, por lo que se ha informado a la Autoridad Judicial competente por una supuesta falsedad en documento público.

De los perros albergados, 27 de los adultos y 3 cachorros de 6 meses de edad aproximadamente, tenían las orejas amputadas y parte de sus rabos, práctica prohibida según la normativa de bienestar animal vigente en España, salvo circunstancias excepcionales. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente.