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Los sistemas de citación para renovar el DNI y el pasaporte están al borde del colapso en España, según los sindicatos. La pandemia derivó en un peor servicio que no se ha subsanado. Eso unido a la elevada demanda en periodo estival ha lleva a retrasos en las citas de hasta dos meses, especialmente en grandes ciudades como Madrid. UGT, CSIF y CCOO reclaman que se cubran las cientos de plazas vacantes que hay.
Renovar o sacar el DNI o pasaporte en España estos días puede ser una odisea. No es la primera vez que se satura el sistema de citas, no obstante, este año, debido a las ganas de viajar tras la pandemia y a las carencias de que muchas oficinas arrastran desde entonces lo está complicando todo más si cabe.
Los sindicatos denuncian que “los responsables del organismo han continuado con una nefasta política de racionalización y gestión en materia de recursos” y reclaman que se reponga el personal. En la actualidad hay –dicen- casi un 50% de puestos vacantes de personal no policial, plantilla a la que se encomiendan las tareas administrativas y de expedición dentro de la Dirección General de la Policía (DGP). Eso serían casi 2.500 puestos de trabajo.
En España hay alrededor de 300 oficinas dedicadas a la renovación o expedición del DNI o pasaporte. Casi todas ellas están, según los sindicatos, en una situación técnica de "saturación" en el sistema de citas previas.
Sobre todo en Madrid, País Vasco, Andalucía, Cataluña, donde la espera para obtener una cita puede ser de hasta dos meses. Hay colas tanto en las ciudades más grandes como en las zonas costeras y de veraneo.
Los sindicatos aseguran que el problema se ha tratado de resolver con agentes de policía nacional, que dejan de hacer su trabajo de seguridad para hacer labores administrativas. Fuentes sindicales señalan que incluso hay haciendo estas tareas agentes de prácticas que no han podido terminar su formación correspondiente. Y ni con esa se ha descongestionado la situación.
Estos policías que están renovando DNI en lugar de patrullar las calles cuestan a las arcas públicas, según los sindicatos, 140 millones de euros, más que si esa labor la hiciera personal administrativo.
“Si contásemos con un Técnico de la Administración del Estado al frente de la gestión de los recursos humanos en la DGP, hace meses se habría planteado el nombramiento de funcionarios interinos para cubrir puestos en el DNI, hasta la incorporación de más trabajadores”, señalan los sindicatos.