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El Gobierno aprobará la Ley Trans y de Derechos de las personas LGTBI en el Consejo de Ministros que se celebra este lunes 27 de junio. El texto pasa así a la fase de tramitación en el Congreso.
Las mismas fuentes han señalado que se trata del mejor texto posible para llegar a la Cámara baja, ya que está mejorado respecto al inicial y en él se mantienen los derechos fundamentales reconocidos al colectivo.
El texto será aprobado por el Gobierno en segunda vuelta en la víspera del Día Internacional del Orgullo LGTBI y un año después de que lo hiciera por primera vez.
Durante todo este periodo, el todavía anteproyecto de ley ha generado diversos debates sobre la autodeterminación de género que incluye para las personas trans y que generó las desavenencias entre los dos partidos socios en el Gobierno. Además, el texto genera rechazo en un sector del feminismo que considera que atenta contra los derechos de las mujeres.
En concreto, el texto permite realizar un cambio de sexo en el Registro Civil sin que sea necesario que la persona disponga, como se exige ahora, de un informe médico o psicológico clínico que acredite "disforia de género". Bastará con que se solicite el cambio por escrito, sin necesidad de presentar pruebas ni testigos, y que se ratifique en un plazo de tres meses.
Desde el Ministerio de Igualdad también se han mostrado críticos con la actitud del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacia este texto y, en concreto, por no cumplir los plazos para emitir el informe preceptivo correspondiente. Finalmente, este órgano judicial valoró de forma positiva la autodeterminación, aunque no a partir de los 16 años, como propone la norma, sino desde los 18.
El Consejo de Estado ha aprobado este jueves su dictamen del anteproyecto de ley trans, norma que permitirá el cambio de sexo en el Registro sin informes médicos ni psicológicos y que previsiblemente volverá al Consejo de Ministros el lunes para ser remitida al Congreso en vísperas del Orgullo.
Fue hace año, también al acercarse Día Internacional del Orgullo, cuando Igualdad llevó por primera vez al Consejo de Ministros el texto de la ley, tras largas y duras negociaciones en el seno de la coalición de Gobierno.
Una parte del PSOE, encabezada por la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, cuestionaba que la mera voluntad de la persona bastara para cambiar el sexto registral, pero se abrió camino la propuesta de Igualdad en favor de la autodeterminación del género y de despatologizar la transexualidad.
Además del informe del Consejo de Estado, órgano que no hace públicos sus dictámenes hasta que el proyecto es enviado a las Cortes, Igualdad tiene sobre la mesa desde finales de abril el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que pidió elevar a 18 años la posibilidad de cambiar de sexo en el Registro sin aval judicial.
El anteproyecto de ley establece que el cambio de sexo registral se podrá realizar a partir de los 12 años: entre 12 y 14 años se necesitará aprobación judicial; entre 14 y 16, la asistencia de padres o tutores; y a partir de los 16 no habrá limitación alguna.
El órgano de gobierno de los jueces consideró loable la finalidad de la ley, evitar la discriminación de los colectivos trans y LGTBI, pero alertó de que, si no se precisaba, las mujeres podrían salir perjudicadas en ciertos ámbitos, como el deportivo o las pruebas físicas para acceder a determinadas profesiones.
Pidió además garantías para evitar situaciones fraudulentas y que nadie se cambie de sexo para eludir responsabilidades frente a víctimas de violencia de género.
Aunque han pasado doce meses desde que el anteproyecto pasó por vez primera por el Consejo de Ministros, será enviado a las Cortes previsiblemente sin uno de los informes preceptivos, el del Consejo Fiscal.
Según explican a Efe fuentes jurídicas, este órgano se vio obligado a aplazar su última reunión al encontrarse de baja médica la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y tiene previsto reunirse la próxima semana.
Pero la ley trans no está todavía en agenda, ya que se han celebrado elecciones fiscales y debe primero constituirse el nuevo Consejo, que tendrá mayoría conservadora, y designar a un ponente para redactar el dictamen.