{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Cuando se aprobó la ley de la eutanasia en España, para muchas personas fue un alivio. María, de Valencia, Javier, de Madrid, Catherine (nombre ficticio), de Granada o Eskarne, de Vitoria, llevaban años, incluso décadas, esperándola. Ellos fueron tres de los primeros residentes en España a los que se aplicó la eutanasia. Hombres y mujeres enfermos desde hacía años, que sufrían, y tenían claro que no querían seguir viviendo. Desde la aprobación aún tuvieron que esperar meses para que entrara en vigor, y en algunas comunidades otros cuantos meses más hasta que se aprobaron los organismos encargados de autorizarlas. Sus nombres se hicieron públicos -por deseo suyo- porque fueron pioneros en sus regiones. Pero después de eso, ¿cuántas personas han elegido morir y lo han conseguido en un año?
A falta de una semana para que se cumpla un año de la entrada en vigor de la ley, y a la espera de que el Ministerio de Sanidad haga públicos los datos, las comunidades autónomas han contado ya, al menos, 171 eutanasias practicadas. No todas han proporcionado datos a este periódico, ya que están terminando de realizar el informe anual -obligatorio por ley- de la eutanasia en sus territorios, o prefieren publicar sus datos en sus páginas web, a la vez para todos los ciudadanos.
Tras contactar una por una con todas las comunidades, NIUS ha conseguido datos de nueve comunidades autónomas. El resto emplazan a una fecha aún más cercana al 25 de junio para hacer públicas sus cifras de eutanasia:
Javier Velasco, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente, la principal impulsora de la ley, explica que en las regiones, más allá de los datos, hay tres grupos en la aplicación de la ley: los que tramitan las solicitudes rápidamente, con protocolos claros, las que retrasan un poco la voluntad de los pacientes, y las que ponen trabas que, a pesar de terminar ejecutando la eutanasia, prolongan los procesos de los solicitantes. Además, denuncia cierta pasividad del Ministerio de Sanidad, que "en lugar de ser proactivo e impulsar que las regiones tengan bien recopilados y clasificados los datos, con criterios homogéneos, ha establecido hace bien poco la forma de notificar las cifras de eutanasia". NIUS ha intentado hasta en tres ocasiones que Sanidad informe de sus datos, pero desde el departamento que dirige Carolina Darias han emplazado a este periódico a próximos fechas ya que aún están recogiendo toda la información. Hay que señalar que al ministerio no le basta con la cifra total sino que necesita informes exhaustivos de motivos para la eutanasia, tipo de procedimiento, razones para las negativas, número de objeciones y un largo etcétera.
"Son comunidades que forman a los médicos específicamente en la ley, que incluso tienen personas especializadas en la tramitación. Así que si un médico recibe una solicitud tiene alguien a quien acudir para que le guíe en el proceso. Esto es lo que más ayuda a que los casos sean más ágiles. Estos equipos existen en Cataluña, Navarra, Euskadi, en Canarias en algunas islas. Y están compuestos de como mínimo un médico y una enfermera especializados en la implementación de la ley. En Cantabria, por ejemplo, tienen informatizado que cuando llega una solicitud va directamente a un servicio que está en la propia consejería, y este equipo se pone en contacto personal con el médico que recibe la solicitud. En Cataluña y Euskadi, las comunidades más avanzadas en el tema, los pacientes tardan de media 41 días en ejecutar su voluntad.
Para DMD en el pelotón de cola están Andalucía y Madrid, "que no solamente empezaron más tarde –Andalucía tardó cinco meses en implementar la ley después de entrar en vigor- sino que en muchos casos hay problemas de tramitación. No es ágil: la solicitud la recibe un médico, se alargan los plazos, el médico habla con su superior, no se sabe si objeta o no… Por ejemplo, en Andalucía uno de los casos tardó tres meses, el de Estrella. Ella llevaba esperando la ley mucho tiempo, y entregó la solicitud nada más entrar en vigor. Tuvo que esperar cinco meses a que Andalucía creara el comité que debe aprobarlas, y otros tres meses que se tardó en tramitar su solicitud", denuncia Velasco.
En medio están las comunidades que reciben menos casos, menos solicitudes, y que tardan algo más de 40 días en tramitarlas, pero no tanto como tres meses. Todas las regiones están obligadas a enviar al Ministerio de Sanidad un informe con los casos detallados y las objeciones de conciencia.
En la recopilación de datos para este artículo han colaborado los periodistas de Informativos de Mediaset distribuidos por toda España.