El sábado 14 de marzo, al borde de las 9 de la noche, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía ante la opinión pública para informar de la decisión de aplicar el estado de alarma en todo el territorio nacional a partir de las 8 horas del lunes 15 de marzo para intentar detener la expansión de la pandemia de COVID-19. En ese momento había en España un total de 6.252 casos detectados de coronavirus, 193 habían fallecido6.252 casos detectados de coronavirus193 habían fallecido por la enfermedad y 517 pacientes habían sido sido dados de alta en unos hospitales que empezaban a colapsarse.

Era la segunda vez que se decretaba en nuestro país esta situación extrema (la primera fue en 210 por la huelga de los controladores aéreos), pero la primera en la que el presidente del Gobierno ostentaba tan amplios poderes como le posibilita el artículo 116 de la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio que desarrolla los estados de alarma, excepción y sitio.

Un mes más tarde , nadie duda de la fue una medida necesaria, incluso son numerosas las críticas al Gobierno por haber tardado tanto en adoptarla a pesar de que la enfermedad ya avanzaba de forma descontrolada en la comunidad de Madrid y en el País Vasco. Precisamente el lunes 9 de marzo, los responsables de Educación de la región madrileña y de Vitoria, la capital vasca, decretaban el cierre de todos los centros educativos. Una medida a la que se sumarían todas las comunidades autónomas en los días posteriores.

La presión del avance del coronavirus también obligó al Gobierno a decretar el estado de alarma, lo que suponía el confinamiento de la población en sus hogares y la paralización de todos los sectores económicos que no fueran fundamentales. El 14 de marzo los datos estadísticos de la incidencia de la pandemia de COVID-19 en España aseguraban que teniamos 6.252 casos detectados de coronavirus, 193 habían fallecido por la enfermedad y 517 pacientes habían sido sido dados de alta. Un més después las cifras son demoledoras: hemos pasado de los 6.252 casos a 172.541 contagiados. Las víctimas han pasado de 193 a 18.056, y ahora tenemos 67.504 curados cuando en ese día solo fueron 517. Y lo que es peor, en un mes hemos pasado de registrar 72 muertos en 24 horas a los 567 de este martes, aunque hemos llegado a picos de 950 muertos diarios por la pandemia el pasado día 2 de abril.

La entrada en vigor de esta medida que concentra en el Gobierno de la nación un mayor poder y la capacidad de disponer de todos los recursos del Estado fue recibida con el apoyo de la oposición pero con una crítica coincidente: Pedro Sánchez había actuado con "retraso" a la hora de tomar medidas contra el avance de la pandemia.

Pero el presidente del Gobierno justificó su decisión de declarar el estado de alarma cuando ya había avanzado la pandemia en España asegurando que "se declaró cuando se tuvo la certeza de que era imprescindible". Sánchez alegó también que el ser humano "sucumbe" a lo que se llama como "sesgo de retrospectiva" que significa que cuando alguien conoce el desenlace de una situación tiende a pensar que las cosas se podían haber hecho de otra manera.

La crítica al retraso en la adopción de la medidas miraba a otros países y sus métodos para enfrentarse a la pandemia. ese mismo día 14 de marzo conocíamos que Jacinda Arden, primera ministra de Nueva Zelanda decretaba una cuarentena en el país cuando todavía no contaba con ningún caso de coronavirus de transmisión local.

En España, ese momento de la pandemia tenía lugar a finales de enero cuando el día 31 se conocía el primer caso de coronavirus en España: un turista alemán que se encontraba en la Gomera. Fue hospitalizado en la isla junto con otras cinco personas, quienes también fueron aisladas y atendidas. El 9 de febrero, otro caso de un ciudadano británico en Mallorca. El 24 de febrero se conoció el tercer contagiado, un turista italiano que viajó desde Lombardía hasta Santa Cruz de Tenerife.

Pero la explosión tuvo lugar el 25 de febrero cuando se multiplican los casos en el hotel de Tenerife además de Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, aunque el primer caso considerado autóctono o local fue registrado, un día después, el 26 en Marbella, cuando se conoció que un varón de 62 había resultado contagiado sin haber viajado a las zonas de riesgo. Luego se supo que estuvo en una convención con compañeros sí habían estado previamente en contacto con infectados.

En ese momento se tuvo conciencia de que el virus SARS-CoV-2 llevaba ya circulando varios días circulando por la España sin que hubiese sido detectado, algo a lo que habría contribuido la realización de test masivos como ya se había aplicado con éxito en otros países como Corea del Sur. A pesar de ello, Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo aseguraba que "no hay razón de salud pública para no viajar a España".

Las críticas a la declaración del estado de alarma por el coronavirus no han parado de producirse a pesar de que todos los partidos políticos y los agentes sociales estaban de acuerdo en que era una medida necesaria. Solo en en este último tramo de su aplicación han surgido una oposición real. El pasado jueves, los 52 diputados de Vox en el Congreso y los 2 de la CUP votaban en contra de prorrogar otros 15 días el decreto del 14 de marzo.

A pesar de esta negativa los expertos están convencidos de que ha salvado vidas y que, de haberse aprobado antes, los beneficios en vidas humanas habría sido bastante superior.

Es el caso de una investigación universitaria que concluye que la declaración del estado de alarma del 14 de marzo ha logrado reducir en un 79.5 % el número de contagios potenciales en España. Esto ha beneficiado especialmente a las provincias que están más cerca de los principales epicentros del COVID-19, ya que el estado de alarma ha roto el círculo vicioso de contagios entre provincias.

Se trata de un estudio, elaborado por Luis Orea, investigador del Departamento de Economía y del Grupo de Investigación OEG de la Universidad de Oviedo, e Inmaculada C. Álvarez, investigadora del mencionado Grupo y de la Universidad Autónoma de Madrid.

Según estos expertos, el número de casos confirmados hubiera aumentado, en ausencia de estado de

alarma, de 126.000 a 617.000 casos a fecha de 4 de abril de 2020. Con dicha medida, por tanto, se han evitado alrededor de 491.000 infecciones confirmadas.

Y lo que es más significativo, también pone de manifiesto que se hubiera podido ahorrar un número aún mayor de contagios y, por consiguiente, de fallecimientos, si las medidas de control asociadas a la declaración de alarma se hubiesen puesto en marcha con solo una semana de antelación. El número

de casos confirmados hubiera pasado a 47.000, menos de la mitad los confirmados a 4 de abril. Tal disminución habría evitado probablemente el colapso de muchos hospitales.

El estado de alarma y la consiguiente paralización productiva ha abocado al país a la recesión económica, lo que ha llevado al Ejecutivo a adoptar un conjunto de medidas para tratar de proteger el empleo y el tejido productivo.

La emergencia sanitaria ha llevado además al Gobierno a decretar una hibernación económica de diez días -dos semanas en la práctica al juntarse con los festivos de Semana Santa- para restringir aún más la movilidad, lo que ha provocado una paralización mayor en sectores que seguían funcionando como la construcción y la industria.

La actividad hibernada se irá recuperando desde esta semana, pero el estado de emergencia está previsto que se prolongue hasta entrado mayo, con lo que seguirán parados o en mínimos sectores como la hostelería, el transporte o el comercio no básico, que suponen alrededor del 20 % del PIB.

En esta situación se da por hecho una recesión abrupta que podría llevar a una caída de la economía en el conjunto del año de hasta el 10 %, aunque expertos y analistas coinciden en que habrá un rebote fuerte en 2021.

Los primeros datos oficiales conocidos han sido los del empleo en marzo, que ya reflejan la dimensión de la crisis, puesto que ha sido el peor mes para el empleo de la historia de España con 898.822 afiliados perdidos desde que se decretó el estado de alarma y 302.265 nuevos parados, una cifra donde no entran los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Dos de cada tres puestos de trabajo destruidos en la segunda quincena de marzo eran empleos temporales, lo que pone de manifiesto una de las principales debilidades del mercado laboral español, que es la dualidad existente entre empleados fijos y temporales (con menos coste por terminación de contrato o despido), que lleva a que los ajustes de plantilla empiecen siempre por estos últimos.

Al empleo perdido hay que sumar el que se ha dejado en suspenso con los ERTE, que son más de 3 millones de trabajadores temporalmente cobrando el paro y que en teoría volverán a sus puestos de trabajo cuando la actividad se recupere.

Además desde el 28 de marzo está prohibido el despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, de manera que no se puede recurrir a la modalidad de despido más barata, la que indemniza con 20 días por año trabajado.

El Gobierno ha agilizado y bonificado los ERTE con el objetivo de que las empresas mantengan el empleo al menos durante seis meses después de que termine la suspensión del contrato, en tanto que a los trabajadores afectados se les ha dado el derecho a cobrar la prestación por desempleo aunque carezcan del período de cotización mínimo necesario.

Para ayudar a sostener el tejido productivo, se ha aprobado la concesión de avales públicos por un importe de hasta 100.000 millones de euros, de los que ya se han puesto a disposición dos tramos de 20.000 millones cada uno para que las empresas puedan obtener créditos con los que afrontar sus pagos.

Los autónomos cuya actividad se haya visto suspendida por la declaración del estado de alarma o que sufran pérdidas severas por esta situación pueden acceder a una prestación extraordinaria por cese de actividad y aplazar durante seis meses las cuotas a la Seguridad Social hasta julio.

Autónomos y pymes pueden también aplazar seis meses las deudas tributarias con la administración (como retenciones de IRPF o cuotas repercutidas de IVA) por hasta 30.000 euros, en tanto que este martes el Consejo de Ministros aprobará otra de las reivindicaciones más repetidas desde el ámbito empresarial que es la moratoria del plazo de presentación y abono de impuestos.

De esta forma, autónomos y empresas podrán retrasar hasta el 20 de mayo la presentación de los impuestos que había que registrar antes del 20 de abril (liquidación del IVA del primer trimestre, así como los pagos fraccionados del IRPF y el impuesto de sociedades).

Para colectivos vulnerables se han adoptado moratorias para hipotecas y créditos al consumo, ayudas para pagar el alquiler, ampliación del bono social eléctrico, prohibición de cortar suministros básicos (agua, luz, gas) o subsidios extraordinarios y temporales para empleadas del hogar y trabajadores temporales sin derecho a paro, en tanto que sigue en fase de diseño el ingreso mínimo vital prometido por el Gobierno.