Ya son ocho las comunidades (Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia, Baleares, Canarias y Asturias), además de Melilla, que han pedido al Ministerio de Sanidad la ayuda de alguno de los 2.000 rastreadores militares ofrecidos por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus.
Desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la puesta a disposición de 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas para colaborar en las labores de rastreo de los contactos de positivos, las comunidades han ido poco a poco mostrando su interés y enviando sus solicitudes a la Secretaría de Estado de Sanidad. La primera fue Murcia, que ha pedido 60 militares; le siguió la Comunidad Valenciana, en cuyo caso necesita 150, los mismos que Madrid.
Andalucía ha sido la que más rastreadores militares ha reclamado, un total de 360; Castilla y León eleva su demanda a 245, mientras que Baleares y Canarias han solicitado cada una la incorporación de cien. Asturias, por su parte, no ha concretado el número, como tampoco lo ha hecho Melilla.
Éstas son las nueve autonomías que, por el momento, han formalizado su solicitud ante Sanidad, según han informado a Efe fuentes de este departamento. Sin embargo, Cantabria también ha manifestado su intención de hacerlo, y Galicia ha enviado una carta solicitando más información sobre estos efectivos.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya explicó la semana pasada que el número de efectivos que se desplazará a cada comunidad dependerá de una primera evaluación sobre el terreno que harán los propios rastreadores en colaboración con el Ministerio de Sanidad y las autoridades autonómicas. Ese número será dinámico y variable en función de la evolución de la pandemia. La primera evaluación podría hacerse muy rápido, en 24 horas, y los rastreadores podrán desplegarse de inmediato y estar disponibles todo el tiempo que sea necesario.
La ministra agradeció a las comunidades autónomas que han pedido rastreadores que lo hayan hecho, porque, según ha dicho, el objetivo es la "colaboración institucional" sin "ninguna otra valoración". "No valoramos si se ha hecho bien, mal o regular, sino que queremos poner los medios para la lucha contra el virus", resumió.