La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha indicado este martes que la Abogacía del Estado se pronunció en su día acerca de la imposibilidad de publicar los nombres de los contribuyentes que se acogieron a la última amnistía fiscal, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, que ha aprobado la nueva ley de lucha contra el fraude que prohibe las amnistías fiscales, la titular de Hacienda recordó que, según la Abogacía del Estado, las condiciones en las que se produjo la amnistía fiscal de 2012 no se podían modificar posteriormente y, entre ellas, se encontraba el anonimato de las personas que se acogieron a dicha amnistía.

"Ojalá pudiéramos publicar esta lista, pero no podemos hacerlo", afirmó Montero, quien aseguró que, por ello, el Gobierno ha dado este martes "un paso más" con la prohibición de amnistías fiscales tan "injustas" que sufrieron incluso el reproche del Tribunal Constitucional.

El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar este martes el anteproyecto de ley contra el fraude fiscal que mantiene como principales medidas la prohibición de amnistías fiscales y del "software" de doble uso, un mayor control de las criptodivisas y la limitación del uso de efectivo.

La norma, que ha superado todos los tramites consultivos, ya pasó por el Consejo de Ministros en octubre de 2018, pero la inestabilidad política que dio lugar a elecciones anticipadas impidió su tramitación parlamentaria.

María Jesús Montero ha recordado que la lucha contra el fraude es una prioridad del Ejecutivo y que en 2019 permitió recaudar 15.715 millones de euros, un 4,1 % mas que un año antes, en tanto que el control sobre los grandes patrimonios y empresas digitales ingresó 608 millones, un 75 % más.

"No hay justicia tributaria si algunos eluden impuestos", ha afirmado Montero, que ha destacado que el fraude supone una competitividad desleal frente a los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales y un deterioro de la recaudación con la que se blindan los servicios públicos.

"Tolerancia cero contra el fraude fiscal", ha añadido la ministra, que ha subrayado que la ley incluye medidas frente a formas de fraude más sofisticadas y complejas que requieren de personal en la Agencia Tributaria cada vez más especializado.

La norma, que mantiene el objetivo de poder recaudar alrededor de 800 millones cada ejercicio, prohibirá la producción, tenencia o comercialización de los programas o sistemas informáticos de doble uso que permiten a las empresas ocultar parte de su actividad.

La norma aprobada también limitará el pago en efectivo, que bajará de 2.500 a 1.000 euros para operaciones entre empresas y profesionales, no para particulares, si bien Montero ha señalado que el objetivo de Gobierno es seguir disminuyéndolo para "bajar a la mínima expresión" los pagos en efectivo y tener trazabilidad de todas las operaciones.

Respecto a la lista de morosos que cada año publica Hacienda se bajará el umbral de deuda que conlleva la inclusión en la lista de un millón a 600.000 euros, con la idea de promover y agilizar el pago de las deudas pendientes. Además, se reforzará el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas, de forma que los contribuyentes tendrán que informar de los saldos y titulares de las cuentas tanto en territorio nacional como en el exterior.

Asimismo, quedarán prohibidas las amnistías fiscales, con lo que no se volverá "a perdonar a los incumplidores" a través de regularizaciones de las que habitualmente se benefician grandes fortunas y grandes contribuyentes.