El Consejo General de Enfermería considera las mascarillas tipo FFP2 deberían usarse en lugares cerrados, poco ventilados y concurridos, como por ejemplo el transporte público. Se alinean con Francia, Alemania y Austria, que ya lo han estipulado de forma obligatoria para evitar contagios de coronavirus.
El ente recomienda el uso de estas mascarillas, con mayor poder de filtrado, en lugares como en el transporte público y en especial donde haya más posibilidad de coincidir con personas contagiadas como en centros sanitarios, farmacias o residencias, entre otros, y destaca que su uso "es una medida capital" para evitar la expansión de la covid, según se lee en un comunicado.
El Consejo, como ya reclamó cuando se aprobó la bajada del IVA de las mascarillas quirúrgicas, reitera su petición de reducir los impuestos y fijar un precio máximo de venta al público para estas mascarillas, siempre que sea certificada su eficacia.
Los enfermeros defienden que las FFP2 son "un bien de primera necesidad" para los ciudadanos y por tanto "es imprescindible protegerles de cualquier movimiento especulativo, priorizando en todo momento la salud frente al oportunismo de unos pocos". En ese sentido critican que desde hace meses algunos comercios especializados, como las farmacias, están "especulando" con este material sanitario.
El presidente del Consejo, Florentino Pérez Raya, mantiene que deberían ser gratuitas para los colectivos más vulnerables y que "lo ideal" sería incluirlas dentro del catálogo de medicamentos y productos financiados por el Sistema Nacional de Salud con el mismo criterio de acceso en función de la renta y las circunstancias socioeconómicas de cada ciudadano.
El Consejo destaca también que el uso de las mascarillas durante horas sin sustituirlas es uno de los errores más frecuentes que comete la población, lo que provoca "un problema de salud pública". Según el Consejo, una familia de cuatro miembros puede gastar al año unos 1.500 euros en mascarillas.