El empresario sevillano Javier Conde, detenido en relación al robo de unos dos millones de mascarillas almacenadas en una nave en Santiago de Compostela, junto a otro material sanitario, ha quedado en libertad investigado por robo con fuerza.

Así lo informaron este lunes fuentes judiciales después de que el empresario arrestado pasase el pasado sábado a disposición del Juzgado de Instrucción 1 de Santiago, en funciones de guardia.

El detenido se enteró de la existencia de este lote de material sanitario de protección frente al coronavirus y decidió apoderarse de él para pode venderlas. Según informa La Voz de Galicia, el acusado podría haber roto el candado de la puerta de la nave donde se encontraba el material y procedió a su robo.

Estos hechos ocurrieron antes de que se produjera el estado de alarma en nuestro país por lo que no tendrá ningún agravante al no haberse saltado el confinamiento. Ante el juzgado el empresario ha admitido la venta de las mascarillas por el valor de 60.000 euros, haciendo hincapié en que solo ganó eso.

El empresario ha defendido que "el acceso a esas instalaciones se realizó siempre con autorización", y ha destacado que tiene "por escrito", y así lo ha presentado en el juzgado, autorización para acceder a la nave. "Tengo autorización para entrar y cambiar cerraduras", ha puntualizado, para matizar que cuando la Policía acudió a ella constató que allí "faltaba material".

"Por mi persona no se cometió ningún delito de robo, ya que el acceso se realizó siempre con autorización", ha subrayado Conde. "Ni se ha dispuesto en la cantidad, ni en valor, a los que se hace mención", ha abundado en relación al material sanitario sustraído, que la Policía Autonómica ha valorado en unos cinco millones de euros.

El operativo, desarrollado por la Policía Autonómica, comenzó tras recibir el aviso de que en la nave podría haber una gran cantidad de mascarillas del modelo FFP2, guantes quirúrgicos, pantalones, uniformes sanitarios, botiquines y alcohol.

La empresa asaltada, que se dedica a la venta de material sanitario, está actualmente en situación concursal. Ante este aviso, los agentes solicitaron la autorización del administrador y accedieron al interior de la nave, donde comprobaron que la mercancía había sido sustraída.

En concreto, las mascarillas fueron robadas casi en toda su totalidad. Todo el material sustraído, para el que se estima un valor aproximado de unos cinco millones de euros, fue extraído de sus cajas y plásticos protectores con el objetivo de ocultar su procedencia.

A partir de ese momento comenzó la investigación a través del examen de indicios, la comprobación de las imágenes de cámaras de seguridad y la declaración de testigos. De este modo, toda la investigación apuntó a un empresario de la ciudad que había sido visto alrededor de la nave y que, recientemente, mantuvo supuestamente una reunión con ciudadanos portugueses que, con posterioridad, accedieron al interior de esta empresa.

Por ello, finalmente se procedió a la detención del empresario por su supuesta participación en los hechos, que ha quedado en libertad investigado por robo con fuerza tras pasar a disposición judicial. En la actualidad prosiguen las pesquisas para localizar al resto de autores y las personas que recibieron el material en Portugal, por lo que se ha solicitado la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del país vecino.

El hombre, J. Conde, que quedó en libertad el sábado tras pasar a disposición judicial y está investigado por la presunta comisión de un delito de robo con fuerza, ha enviado un comunicado a los medios de comunicación en el que insiste que "no cometió ningún delito de robo".

Según su versión, el acceso a la nave situada en el polígono compostelano del Tambre y propiedad de una empresa que se dedica a la venta de material sanitario, "se realizó siempre con autorización" puesto que, dice, era el encargado de vender la nave puesto que la empresa está actualmente en situación concursal.

El investigado también niega que se haya dispuesto de las mascarillas "ni en la cantidad ni en el valor" que se dice, puesto que desde la Policía Autonómica calculan que el valor de lo sustraído asciende a unos 5 millones de euros.

En tanto que se encuentra inmerso en una investigación judicial, el acusado pide que se respete su "presunción de inocencia".