1.000 euros de multa por cada día que sus empleados no tengan equipo de protección frente al coronavirus. Esa es la condena que el Juzgado de los Social de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto a la empresa Clece, contratada por el Ayuntamiento de la ciudad para dar asistencia a domicilio a personas dependientes.
Se reclama que los trabajadores de dicha empresa, en contacto directo con algunos de los grupos de población más vulnerables frente al COVID-19 (como las personas mayores), tengan a su disposición mascarillas, guantes, gel desinfectante y batas desechable para tratar con ellos.
El juzgado considera que estos trabajadores, que van a las casas de las personas dependientes, “han de asimilarse al personal sanitario” y deben tener todo ese material a su disposición.
La resolución opuesta se ha tomado en Santa Cruz de Tenerife. El pasado lunes, otro Juzgado de los Social rechazó la petición de UGT, que exigía que Clece suministrase dicho material de protección a su plantilla y que, en caso de que no fuera así, se suspendiera el servicio. La jueza se negó, alegando que ahora mismo acceder a dicho equipamiento es “materialmente imposible según las leyes de la lógica y la realidad”, debido a la altísima demanda que hay.
Tampoco aceptó suspender el servicio prestado por Clece al considerarlo de “tal importancia que, en caso de no prestarse, la vida de un gran número de usuarios correría extremo peligro”.