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Los epidemiólogos ven con temor el fin del estado de alarma por si puede suponer un aumento en la incidencia de casos de coronavirus. Recuerdan que a pesar del cambio legal la pandemia sigue ahí y no podemos descuidarnos.
Isabel Portillo, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología en Bilbao, recuerda que “el virus no se ha ido y la incidencia es alta, la transmisión es alta y los hospitales están en una situación todavía no buena”.
“Sobre todo las UCI con un índice de ocupación bastante alto”, puntualiza María José García, portavoz de SATSE, que añade que el personal sanitario está saturado después de tantos meses: "9 de cada 10 casos tienen estrés”. Por ello, ven el fin del estado de alarma “con un miedo”.
Si la situación volviera a empeorar, la única alternativa legal sería o volver al estado de alarma o "la modificación de la normativa ordinaria vinculada al posible control de la pandemia tal y como le ha puesto sobre la mesa en reiteradas ocasiones el propio consejo de estado o las CCAA que le están diciendo: ‘no nos dejes maniatado Gobierno, danos los instrumentos suficientes para poder luchar nosotros frente a la pandemia’", explica José Manuel Vera Santos, catedrático de Derecho Constitucional de la URJC.
Pero, mientras esto no ocurra y no haya restricciones a la movilidad, hay que saber, añade, que “tenemos que saber seguir cuidándonos a nosotros y a los demás, pero ejerciendo nuestros derechos y libertades”.
Además, se deben de tener siempre claras las medidas para lograr vencer al coronavirus. En este sentido, recuerda Portillo: "Tendremos que mantener la mascarilla, la distancia, el control de aforo y, sobre todo, la ventilación".
Sin el estado de alarma, las medidas depende de la decisión del Tribunal Superior de Justicia para avalar las medidas que supongan una restricción de los derechos y libertades de la ciudadanía. Aunque el Gobierno ha creado un decreto para establecer un recurso de casación exprés que acabe con la disparidad de criterios de los tribunales como ya ocurrió el verano pasado, el propio TS ha cuestionado esta norma, "posible insuficiencia" o "inadecuación" en el rango de la norma empleada para regular cuestiones que afectan a los derechos fundamentales.
Además, el Supremo desliza una crítica al Ejecutivo por tratar de hacer copartícipes ejecutivos a los tribunales de justicia en la adopción de medidas administrativas.
De hecho, mientras que en Baleares el TS ha avalado el plan que ha realizado el gobierno regional y que operará a partir del 9 de mayo y que sí afecta a los derechos fundamentales, en País Vasco, la Justicia ha tumbado si los confinamientos autonómico o municipales, el toque de queda nocturno ni el límite de agrupaciones de cuatro personas.