El Ministerio Público ha comenzado ha investigar las muertes de miles de ancianos en las residencias de todo el país como consecuencia de la epidemia de COVID-19 que se está ensañando especialmente con las personas mayores. La Comunidad de Madrid acaba de reconocer que en los centros de la región han fallecido ya 1.065 ancianos. La dimensión de estas cifras globales es tan preocupante que supone que si las residencias fueran un país, este sería el tercero en el mundo con más muertes.
La crisis es tal en Madrid que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso ha quitado las competencias sobre estos centros al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos para centralizarlas en Sanidad cuyo titular es el popular, Enrique Ruiz Escudero. Madrid ha sido, junto a Cataluña, de las últimas comunidades en hacer públicos estos datos de fallecimientos.
Las de la Fiscalía General del Estado no son las únicas diligencias abiertas para investigar las circunstancias que rodean la muerte de ancianos en residencias. Según las fuentes consultadas, el fiscal de Sala de lo Civil remitió el 19 de marzo a los fiscales superiores de las comunidades autónomas un oficio en el que pedía que remitieran información sobre la situación de las personas que viven en residencias y número de fallecidos, entre otros datos.
Los fiscales superiores hicieron lo propio con los fiscales provinciales. Y fue en este marco, con la información suministrada, como el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, dio orden de investigar la muerte de ancianos en residencias de Capellades y Olesa de Montserrat (Barcelona).
Se trata de aclarar cómo ha sido la gestión de estos dos centros, focos de infección de coronavirus, con doce fallecidos en el caso de Capellades y nueve en el de Olesa, así como las circunstancias de las muertes.
Por su lado, la Fiscalía de Madrid investiga desde el pasado 18 de marzo la muerte de ancianos en la residencia de mayores Monte Hermoso, en la capital, a instancias de una denuncia de la asociación 'El Defensor del Paciente'. La administración ha constatado 17 muertes en esta residencia, aunque hay allegados que elevan a 19 los fallecidos.
Estas son las investigaciones que hay abiertas de momento sobre muertes de ancianos en residencias desde que estalló la pandemia de coronavirus, sin perjuicio de que se puedan ir incoando más diligencias en adelante, han subrayado las fuentes consultadas.
El incremento de estos fallecimientos se complicó al conocerse que miembros de las Fuerzas Armadas, en sus tareas encomendadas para frenar la pandemia del coronavirus, "han podido ver ancianos, mayores, absolutamente abandonados, cuando no muertos en sus camas", según denunció la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Por el momento, el fiscal encargado de investigar estos descubrimientos, está a la espera de recibir el informe que elabore Defensa, en el marco de las diligencias que se han abierto para determinar la gravedad de los hechos y su posible relevancia penal.
Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, el fiscal del Tribunal Supremo Manuel Dolz, encargado de centralizar las diligencias y dirigir las investigaciones, aún no había recibido ninguna comunicación por parte del departamento que dirige Margarita Robles, necesaria para concretar la competencia para conocer cada uno de los hechos.
Este jueves, las primeras cifras de fallecidos en residencias estaban en torno a los 400 ancianos muertos. Unos datos pendientes aún de confirmar los casos registrados en comunidades como Madrid o Cataluña.
Hoy, la administración que preside la popular Isabel Díaz Ayuso ha hecho público que un total de 1.065 ancianos han fallecido en residencias de mayores la Comunidad de Madrid este mes de marzo, aunque estas muertes "no se pueden atribuir exclusivamente al coronavirus debido a la falta de test para su detección", según fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia.
Los datos son fruto del trabajo realizado por los inspectores del Centro de Control de Calidad e Inspección (CIRA) en las 475 residencias de la Comunidad de Madrid, en las que residen un total de 52.031 personas mayores.
De las 1.065 personas mayores fallecidas, 760 murieron en residencias y 305 una vez trasladados al hospital.
Además, 655 ancianos han dado positivo por coronavirus en lo que llevamos de marzo, 388 están hospitalizados y 14.894 en aislamiento, de los cuales 4.156 presentan algún síntoma y 10.738 son actualmente asintomáticos.
Fuentes de la Consejería agregan que el pasado mes de marzo fallecieron 460 personas en residencias de gestión indirecta y concertadas de la Comunidad de Madrid, que suman alrededor de 200, por lo que "por extrapolación" la cifra total de fallecidos en todos los tipos de centros sería de 900 personas.
La Comunidad de Madrid considera "prioritario" que los Equipos de Protección Individual (EPIs) lleguen "cuanto antes" a las residencias para evitar así nuevas infecciones.
Por ello, ha solicitado al Ministerio de Sanidad "que envíe todo el material necesario para seguir atendiendo a estas personas" que, según las estimaciones de la Comunidad de Madrid, son 185.000 mascarillas y 930.000 EPIs.
Además, ha reclamado "a la autoridad competente" la incorporación de cien sanitarios "para atender adecuadamente" a las personas de las residencias y garantizar la llegada a los centros de los test rápidos "para poder detectar y frenar a tiempo los contagios".
Tras dar a conocer estos datos, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que activará de "manera urgente" un plan de choque en las residencias de mayores de la región, con el que analizará caso por caso cada centro y actuará según las diferentes necesidades que se detecten.
En un comunicado, el Gobierno regional ha explicado que este plan supone un mando único de la Consejería de Sanidad en coordinación con Políticas Sociales y en colaboración con Bomberos, Protección Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Una de las medidas que contempla es el traslado de pacientes sin patologías y que no esté infectados por coronavirus a hoteles cercanos o, dependiendo de los familiares, a su domicilio particular.
Ante la problemática del traslado de fallecidos en las residencias por coronavirus, se permitirá que se encargue de ello tanto a Bomberos como efectivos de Protección Civil y UME, aunque se dará prioridad a los servicios funerarios municipales para esta tarea.
La primera muerte notificada por coronavirus en la Comunidad de Madrid, el pasado 5 de marzo, fue una anciana de 99 años de la residencia de mayores de La Paz, en la capital, donde se detectaron otros nueve casos de contagio.
Desde entonces, algunas residencias han confirmado más muertes de ancianos por coronavirus, entre ellas la Santísima Virgen y San Celedonio, cerca del estadio Santiago Bernabéu, que ha registrado 26 fallecidos.