El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que reúne al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, ha aprobado este viernes el primer plan nacional para la prevención del suicidio, que se cobra unas 4.000 vidas al año.

Profesionales y afectados llevan años pidiendo que se pongan las bases para ayudar a reducir la mortalidad y conseguir que el suicidio deje de ser tabú.

'El Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027' es un compendio de 40 medidas repartidas en seis líneas estratégicas para abordar este problema de salud pública con un enfoque desde los determinantes sociales de la salud.

Para hacerlas realidad contará con una dotación de 18 millones de euros, independientes de los presupuestos generales del Estado, cuya distribución se detallará en otro Consejo Interterritorial.

El documento es fruto del trabajo conjunto del Comisionado, el Comité Institucional de las Comunidades Autónomas y sociedades científicas de Psiquiatría, Psicología, Epidemiología, Geriatría, Atención Primaria, asociaciones de supervivientes, organizaciones y otros expertos independientes, e involucra a sectores clave como la sanidad, educación, medios de comunicación, sistema judicial y servicios sociales. 

El plan, el primero específico que se realiza para abordar el fenómeno del suicidio, apuesta por fomentar un código de riesgo y las autopsias psicológicas, limitar el acceso a medios letales o aplicar una perspectiva de género ante la enorme disparidad de cifras entre sexos (ellos se suicidan mucho más).

Hasta ahora, la prevención del suicidio siempre formaba parte de guías de práctica clínica y de planes de acción de salud mental, pero con este se atiende una demanda histórica de la sociedad civil de "darle una entidad propia" a la conducta suicida.

Entre todas sus medidas, Mónica García ha puesto en la creación del Observatorio para la prevención del suicidio, "un espacio fundamental" para recopilar y analizar "datos rigurosos" que puedan ayudar a entender mejor las causas y los factores de riesgo y a diseñar estrategias más efectivas, basadas en la mejor evidencia disponible.

También se va a implementar un sistema de vigilancia en salud mental dentro del sistema de vigilancia en salud pública, lo que significa que, por primera vez, la salud mental "va a integrarse plenamente en los mecanismos de seguimiento y de alerta de la salud pública" para permitir detectar tendencias y responder de una manera "mucho más ágil y coordinada".

Además, se va a mejorar la coordinación del teléfono 024, "forzando" su conexión con otros servicios asistenciales en las comunidades; para ello, se va a promover la creación de equipos de atención al riesgo suicida en los servicios de salud mental de las comunidades "con capacidad de brindar atención telefónica y ofrecer apoyo inmediato y acompañamiento en la persona".

Las comunidades del PP han rechazado el 'Plan de acción de salud mental 2025-2027' del Ministerio de Sanidad ante las críticas que ha recibido por parte de expertos independientes y sociedades científicas de Psiquiatría, reticentes a la desprescripción de psicofármacos que plantea el documento.

Solo Cataluña, Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra han apoyado el citado plan, que aboga por una humanización del modelo de atención que va desde implantar un uso racional de psicofármacos y una mayor "prescripción social" a buscar alternativas a la institucionalización y la sujeción mecánica, y la regulación de la psicoterapia y la psicología clínica infantil.

Pese a que comparten la necesidad del plan y el trabajo realizado por los técnicos, las comunidades populares consideran que el plan se debe seguir trabajando y no precipitar su aprobación para contar con el apoyo de todos los expertos. 

El vicepresidente del Consejo Interterritorial de Salud, consejero de Castilla y León y portavoz de las comunidades del PP, Alejandro Vázquez, ha explicado que al inicio de la reunión han pedido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que retirase el plan al no contar con el respaldo de las sociedades científicas ni con sus demandas, a lo que finalmente se ha visto forzada al no contar con el respaldo de las comunidades del PP ni del País Vasco, aunque el punto no se ha llegado a votar.

Por su parte, la consejera madrileña, Fátima Matute, ha dicho: "Hemos retrasado la aprobación del plan porque había problemas en el fondo y en la forma. Concretamente, las sociedades científicas han puesto de manifiesto que se han enterado de este plan por la prensa, que además adolece de fallos técnicos que querrían trabajar".

Al término de la reunión, la consejera ha reclamado una financiación específica para este plan y ha insistido en que no cuenta con el aval de las sociedades científicas.

La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm) se quejó, en una carta remitida a la comisionada de Salud Mental, Belén González, de que el documento final, que no se les remitió, no recoge ningún incremento de profesionales como se les garantizó, sino todo lo contrario.

Pero sobre todo se queja de que aunque el texto introduce “el uso racional de psicofármacos”, mantiene el de “desprescripción”, con el “consiguiente estigma y perjuicio para las personas que requieren tratamientos farmacológicos a largo plazo”.

Otra de las medidas que no ha gustado, pero en este caso a los psicólogos, es que incorpora el diploma de Psicoterapia, que estos profesionales quieren abordar mejor con el comisionado por ser “de importancia capital para los usuarios del Sistema Nacional de Salud que necesiten un tratamiento psicoterapéutico”.

Y advierten de que, por ello, debe de basarse en “un alto nivel de formación, calidad y en los principios éticos que siempre deben regular a las profesiones sanitarias.”

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