Fernando Simón da ejemplo y lanza un mensaje: se pone la mascarilla en la reunión con las CCAA

Sanidad impondrá el uso obligatorio de mascarillas en centros de salud y hospitales de toda España a partir del miércoles. Se trata de dar cobertura jurídica a la decisión ya tomada por algunas comunidades, argumenta Sanidad que escuchará las alegaciones . Se ha acordado tras la reunión virtual con las autonomías y presencial para la ministra y su gabinete. Uno de sus miembros, Fernando Simón, director del centro de alertas y emergencias, ha asistido protegido con una mascarilla. Todo un mensaje.

Fuentes del departamento que dirige Mónica García señalan que esta medida se toma en cumplimiento del artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que permite la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública. La medida se toma únicamente para hospitales y centros de salud, no en centros sociosanitarios o farmacias, como estaba incluido en la propuesta presentada en el consejo interterritorial.

Asturias, con mascarilla en farmacias

A la espera de una nueva reunión para buscar el acuerdo, muchos ciudadanos y algunos centros educativos, como los de Baleares, ya aplican las medidas de prevención aprendidas durante la pandemia.

Ante la falta de acuerdo en la reunión de la mañana, Sanidad ha abierto un plazo de alegaciones por el que, en las próximas 48 horas, las CCAA podrán hacer llegar sus propuestas al documento presentado por el Ministerio, como puede ser ampliar esta medida a las farmacias.

17 millones de habitantes de seis comunidades la han recuperado

Una medida, la de usar la mascarilla, que seis autonomías ya habían aceptado retomar de forma obligada, las últimas Asturias y Canarias. Asturias, además es la primera que la amplía a las farmacias. Su regreso se comprende y se cumple entre los ciudadanos

17 millones de habitantes de seis comunidades la han recuperado, aunque con diferencias. El ministerio quería unificar el criterio, pero no ha habido acuerdo. La comunidad de Madrid no cree en la obligación porque considera que sus datos no son alarmantes. Andalucía porque no se ha reunido primero a los técnicos para avalarlo. Y la comunidad valenciana, que sí la ha adoptado, critica que el ministerio llega tarde.

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