Una terapeuta, sobre el impacto psicológico de gestar un hijo para otra persona: "Tras dar a luz, la mujer queda desprotegida"

La gestación subrogada, también llamada vientre de alquiler, está en boca de todos a raíz de la “maternidad” de Ana Obregón, pero más allá de las noticias de actualidad, está práctica lleva realizándose décadas en diferentes países del mundo. Pero, ¿en qué consiste? ¿Es legal? Y, lo más importante, ¿cuál es el impacto psicológico para las mujeres que alquilan su vientre?

El proceso consiste en que una mujer, a la que se denomina madre gestante o madre sustituta, tiene un embarazo, generalmente sin ningún vínculo genético con el bebé. En otras palabras, se utiliza el óvulo de otra mujer y el esperma del padre intencional, gestando el embrión y, finalmente, entregando el bebé a la persona o pareja que ha pagado por dicho procedimiento.

En España, la gestación subrogada no es legal ya que, de acuerdo a la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Asistida, la mujer que da luz al niño va a ser considerada su madre legal. Además, en febrero de 2023, el Boletín Oficial del Estado prohibió expresamente que se promocionase esta práctica. Sin embargo, hay países donde sí está permitida, entre ellos Canadá, México, Estados Unidos, donde ha acudido Ana Obregón para que una mujer gestase a un bebé con el semen de su hijo fallecido, o Ucrania, siendo generalmente el lugar al que acuden personas españolas que desean alquilar un vientre por la proximidad entre ambos países.

Otro problema legal que plantea la gestación subrogada es lograr el reconocimiento de la filiación y nacionalidad del bebé una vez los padres vuelven a España, ya que los países tienen legislaciones diferentes y pueden surgir lagunas legales.

Si bien ser madre de alquiler es un acto voluntario, no podemos ignorar que algunas mujeres deciden ser madres de alquiler porque se encuentran en una situación muy precaria. En otras palabras, ven en la gestación subrogada una vía para conseguir dinero, ignorando el impacto psicológico de este proceso (sumado a las secuelas psicológicas previas por vivir en una situación económica desfavorable).

Por ejemplo, el estrés por la presión ejercida por las clínicas o la persona que ha pagado, el impacto emocional de los tratamientos hormonales, el aislamiento por encontrarse lejos de su familia o de su pareja, los posibles cambios de opinión durante el embarazo o la despersonalización que pueden llegar a sentir algunas mujeres durante este proceso, sintiéndose que las tratan como un útero gestante y no como un ser humano.

Todos estos riesgos se contemplan hasta que la mujer da a luz. Después, queda desprotegida, pudiendo sufrir depresión postparto o secuelas físicas del embarazo y del parto en caso de que algo vaya mal (el postoperatorio tras una cesaría, la pérdida del órgano reproductor, problemas de fertilidad en el futuro, etc.).

Según las clínicas, la compensación económica que se paga a las madres gestantes no debe ser tan grande como para que la decisión de someterse al proceso esté motivada por fines económicos. Además, aseguran que las mujeres que participan en estos programas tienen una situación económica estable. Sin embargo, hay países en los que estos requisitos no se cumplen, por ejemplo, Ucrania, donde los derechos de las madres gestante no están del todo protegidos.