La implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en España continúa avanzando en un proceso lento y en distintos casos desigual. Planteadas para combatir el cambio climático y la urgencia por aplicar medidas para la protección y preservación del medioambiente, la realidad es que no deja de experimentar retrasos, generando por el camino debates, controversias e incluso litigios judiciales.

La creación de las llamadas ZBE en las ciudades españolas está fijada por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (2021) y un real decreto posterior y, aunque las ciudades con más de 50.000 habitantes están obligadas a tenerlas desde enero de 2023, su puesta en marcha no deja de sufrir demoras.

Según la citada ley (7/2021, del 20 de mayo), dichas zonas de bajas emisiones en todos los municipios a partir de esos niveles de población deberían haber entrado en funcionamiento el 1 de enero de 2023, pero hay una treintena donde no lo han hecho.

Según Ángel Gabilondo, defensor del Pueblo, en declaraciones a EFE, el retraso es en su opinión tan “injustificado” que hace un mes urgió a que las ciudades que aún no hayan creado las ZBE lo hagan "cuanto antes" para cumplir con el objetivo de reducir las emisiones de CO₂ causantes del cambio climático, y las emisiones de gases contaminantes perjudiciales para la salud.

A ese respecto, distintas capitales de provincia siguen sin tener implementadas estas zonas de bajas emisiones y también municipios de más de 50.000 habitantes repartidos por toda la geografía con la excusa de la falta de plazo suficiente para la aprobación de la ZBE; la complejidad técnica de su instalación; la carencia de personal especializado para acometerla; o la falta de recursos financieros suficientes para llevarla a cabo.

En esta línea, algunos ayuntamientos argumentan que han apostado por la conveniencia de emprender otras actuaciones en materia de movilidad o contaminación, o han alegado, por otra parte, el bajo nivel de contaminación existente en su municipio o la especial geografía urbana de la población.

Según el Instituto de la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el transporte es uno de los grandes responsables de la contaminación en las ciudades, emitiendo en España el 25 % de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) uno de los gases de efecto invernadero (GEI) que empeora la calidad del aire y la salud de las personas, así como aumenta el calentamiento en las conocidas como 'islas de calor'.

Las ZBE buscan combatir todo ello y, con ese objetivo, fomentar el uso del transporte público y limitar el uso del transporte privado, del mismo modo en que buscan incrementar el uso de la bicicleta y el ejercicio físico en las personas, así como la creación de zonas verdes y arboladas.

Con esas medidas, se pretende mejorar la calidad del aire en beneficio de las personas, ya que, solo en Europa, más de 300.000 personas mueren de forma prematura por las partículas contaminantes en la atmósfera, de acuerdo con datos de la Unión Europea citados por EFE.

A este respecto, los vehículos con etiquetas 0 emisiones, Eco, C y B, pueden acceder a las ZBE, y, en algunas ciudades, en días festivos, lo pueden hacer todos, incluso los más contaminantes.

Más allá, en algunos lugares las autoridades municipales han optado por ampliar la moratoria para la creación de ZBE o de la imposición de multas.

A Barcelona, la pionera en la puesta en marcha de las ZBE el 1 de enero de 2020, le siguieron buena parte de las ciudades del área metropolitana.

Este mes de enero se iniciaron los sistemas sancionadores en nuevas ciudades del área como Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Boi, Gavà y Barberà. En el caso de la colindante Cerdanyola del Vallès, sin embargo, el gobierno municipal ha sido el primero del área de Barcelona en aprobar una moratoria para eximir a sus empadronados de multas hasta el 2028.

En Vigo, la ciudad más poblada de Galicia, la aplicación de ZBE se ha ido retrasando desde hace años y el alcalde, Abel Caballero, que pretendía imponer multas de doscientos euros a los conductores que no las respeten, ante el temor a que la medida sea impopular, quiere limitar su impacto a zonas peatonales del casco histórico.

En Sevilla existen restricciones para los vehículos más contaminantes de lunes a viernes, salvo algunas excepciones. En días festivos y fines de semana se puede acceder libremente sin el distintivo ambiental en el vehículo.

En Málaga capital, la ZBE entró en vigor el pasado 30 de noviembre de 2024, comprende un espacio de 437 hectáreas de circulación limitada y establece restricciones año a año. Además, contarán con ZBE Marbella, Estepona, Fuengirola, Mijas, Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria, Benalmádena y Torremolinos.

El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado un calendario escalonado para la aplicación de la nueva ordenanza de ZBE, que incluye moratorias para los vehículos más contaminantes de las pedanías de la ciudad y pueblos afectados por la DANA, como medida para mitigar el impacto social y económico sobre los vecinos.

La ZBE será progresiva, y comenzará con una fase informativa en 2025 y extenderá las restricciones a los vehículos más contaminantes de fuera de la provincia a partir de diciembre de 2025, ha informado el Consistorio.

Este arranque de 2025 ha comenzado con el periodo de aviso de doce meses, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, para la prohibición de circulación de los vehículos con etiqueta A -los más contaminantes-. El Ayuntamiento de Madrid remitirá una carta de carácter informativo a los dueños de vehículos con estas características que sean interceptados por las cámaras de seguridad.

En la ZBE tienen prohibido acceder los automóviles contaminantes, aunque habrá ciertas excepciones, afecta a los empadronados en la capital o dados de alta en el impuesto de vehículos de tracción mecánica (ITVM). Sí podrán circular algunos vehículos con excepciones: los utilizados para el traslado de personas con movilidad reducida (PMR), los históricos, los de emergencias y de las Fuerzas Armadas.

Nueve municipios están obligados a implantar ZBE, por tener más de 50.000 habitantes. No obstante, ninguna de las cuatro grandes ciudades del archipiélago las ha desarrollado e implantado aún: Las Palmas de Gran Canaria (380.000 habitantes), Santa Cruz de Tenerife (205.000), La Laguna (Tenerife, 155.000) y Telde (Gran Canaria, 102.000).

En Mérida, el Ayuntamiento ha recibido numerosas alegaciones de particulares y entidades contra la ordenanza de implantación de ZBE, que incluye una zona permanente de restricciones y otra flexible para atender episodios temporales de contaminación.

Como paso previo, el consistorio viene ejecutando obras de "plataforma única" en varias calles del centro de la ciudad, que conllevan reducciones de velocidad, además de que numerosas calles ya son peatonales.

En Cáceres, el equipo de Gobierno ya ha autorizado la propuesta de incoación de expediente para la contratación del servicio de asistencia técnica para la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Cáceres.

En Badajoz, ya se ha implantado en una -la más reducida- de las dos zonas previstas. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha admitido a trámite un recurso contra la ordenanza presentada por la asociación Liberum.

Logroño contará en 2026 con una ZBE delimitada, si previamente se aprueba, como está previsto, el proyecto de ordenanza durante la segunda mitad de este enero.

Bilbao fue la primera capital vasca en implantar la ZBE, logrando una reducción del 14% de tráfico. La ordenanza ya está operativa y se sanciona a los infractores.

En San Sebastián la ZBE entró en vigor a mediados de diciembre, aunque no se comenzará a multar hasta marzo.

En Vitoria, la ordenanza está en fase de alegaciones, y después deberá ser aprobada en pleno, lo que se prevé pueda ser en marzo.

Valladolid, Burgos, Segovia y Ávila ya han aprobado sus ordenanzas, que contemplan moratorias de hasta seis meses en las multas, otras como Palencia, León o Soria aún tienen que aprobar en pleno sus respectivas ZBE. Tampoco lo ha hecho Ponferrada (64.000 habitantes).

Las ciudades que desde este 1 de enero ya aplican su ZBE se apresuran en instalar las cámaras de vigilancia.

El Ayuntamiento de Pamplona (200.000 habitantes), acordó crear en diciembre de 2022 la primera ZBE en el casco antiguo, donde desde entonces se ha reducido en un 40% el tráfico de vehículos. El acceso está limitado a vecinos y reparto, y con la posibilidad de entradas puntuales mediante autorización previa.

Un informe para el Plan de Movilidad Sostenible 2024-29 considera que en Tudela, la segunda localidad de Navarra, "el casco peatonal supone de facto una zona de restricción al tráfico que puede considerarse una ZBE".

El Ayuntamiento de Santander está recopilando datos con sensores para conocer cuáles serían los puntos de la ciudad con más contaminación y, en función de esa información, establecer medidas. A primeros de marzo estará ya la interpretación de los sensores definiendo las zonas y el consistorio iniciará también la tramitación de la ordenanza, de modo que se pueda llegar a fin de año con la ZBE implantada.

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