El pasado 2 de enero de 2025, entró en vigor el Real Decreto 666/2023 que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de los medicamentos veterinarios. Lo que, inicialmente, era una propuesta que buscaba "garantizar un uso prudente y responsable de los medicamentos veterinarios a lo largo de la cadena de distribución, teniendo como principal objetivo la lucha contra las resistencias antimicrobianas y la reducción de la necesidad de uso de los antibióticos", se ha convertido en toda una barrera para que los profesionales de la medicina animal puedan ejercer sus labores.
En una entrevista con Veterinarios Unidos, este colectivo explicó que el nuevo decreto les "obliga a notificar oficialmente cada antibiótico que suministran en las clínicas" y que, en vez de ceder el número de pastillas que necesite cada mascota, los dueños tendrán que "ir a la farmacia y comprar la caja". Algo que, precisamente, califican de "contraproducente", pues tener un excedente de este tipo de medicamentos en casa siempre llama a su uso indiscriminado y a la generación de resistencias.
Pero, el problema mayor, que atenta directamente contra su Código Deontológico, son las "peligrosas trabas" que les han puesto a la hora de tratar al animal: "El problema, además de burocrático (tenemos que rellenar los formularios con los datos del chip, el fármaco, etc) es que nosotros sabemos que la mayoría de las farmacias ordinarias no tienen los medicamentos que prescribimos. Por tanto, hay dueños que van a tener que esperar hasta una semana para poder tratar a sus mascotas enfermas, eso si no se les han muerto por el camino", explican, muy alarmados.
El colectivo también denuncia que no sólo se les restringe su capacidad para suministrar antibióticos, también su tipología. "En este tipo de medicamentos, existen cuatro categorías: A, B, C y D. En medicina veterinaria, los A no están permitidos. Pero lo que nos dice este decreto es que, lo primero que tenemos que hacer es darle al animal los de categoría D, esperar a ver si funcionan o no, notificarlo y, sólo entonces, pasar a los de la C. Y no podemos darles los de tipo B hasta hacerles un cultivo y un antibiograma, que son dos pruebas muy costosas", denuncian los profesionales, preocupados por la salud de las mascotas que tratan a diario.
Por todo ello, El Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (COLVEMA) ha respaldado la convocatoria de concentración promovida por la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET) y la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) este miércoles 5 de marzo frente al Ministerio de Agricultura, en defensa de la salud animal y de la profesión veterinaria.
"Durante la concentración, exigiremos una regulación justa y responsable de los medicamentos veterinarios, poniendo el foco en las barreras administrativas que dificultan nuestra labor, el acceso limitado a tratamientos esenciales y la necesidad de una legislación que tenga en cuenta la realidad del sector", han comunicado.
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