El colectivo de Veterinarios Unidos, un grupo formado por miles de profesionales dedicados a la salud y bienestar animal, se ha puesto en contacto con Informativos Telecinco web para denunciar con urgencia una problemática que les afecta directamente. El pasado 2 de enero de 2025, entró en vigor el Real Decreto 666/2023 que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de los medicamentos veterinarios.

Tal y como indica su publicación en el BOE, se trata de una medida que tiene como objetivo "mejorar el mercado, la fabricación, la importación y la exportación, el suministro, la distribución, la farmacovigilancia, el control y el uso de los medicamentos veterinarios, garantizando al mismo tiempo el más alto nivel de protección de la salud pública, la sanidad animal y el medio ambiente". Sin embargo, para los trabajadores de campo, que tratan día a día con los animales domésticos enfermos sobre los que se aplica la ley, puede ser del todo "contraproducente".

"Las modificación que se ha hecho se puede resumir de la siguiente manera: nosotros, como veterinarios profesionales, tenemos que notificar adecuadamente a la Comunidad Autónoma cada antibiótico que recetemos en la consulta, tanto si es inyectable como en pastillas. Hasta ahora, podíamos ceder el número de pastillas exactas que el animal iba a necesitar, lo que evitaba que se desperdiciara el medicamento y, además, que las mascotas crearan resistencia. Con esta nueva ley, ya no podemos hacerlo. Tenemos que dar la receta para que el propietario vaya a la farmacia", han comenzado a explicar desde el colectivo.

"El problema, además de burocrático (tenemos que rellenar los formularios con los datos del chip, el fármaco, etc) es que nosotros sabemos que la mayoría de las farmacias ordinarias no tienen los medicamentos que prescribimos. Por tanto, hay dueños que van a tener que esperar hasta una semana para poder tratar a sus mascotas enfermas, eso si no se les han muerto por el camino", advierten con especial preocupación. "Además, el propietario tendrá que pagar la caja entera, con los 30 o 40 comprimidos que entren y, como ya los tiene en casa, se acostumbrará a suministrar de motu propio el antibiótico, creando resistencia en el animal", añaden.

El colectivo también denuncia que no sólo se les restringe su capacidad para suministrar antibióticos, también su tipología. "En este tipo de medicamentos, existen cuatro categorías: A, B, C y D. En medicina veterinaria, los A no están permitidos. Pero lo que nos dice este decreto es que, lo primero que tenemos que hacer es darle al animal los de categoría D, esperar a ver si funcionan o no, notificarlo y, sólo entonces, pasar a los de la C. Y no podemos darles los de tipo B hasta hacerles un cultivo y un antibiograma, que son dos pruebas muy costosas", denuncian los profesionales, preocupados por la salud de las mascotas que tratan a diario y que pueden "no ser tratadas debidamente" en base a estas condiciones.

El problema moral se les agrava ahora que, también, tienen prohibido suministrar y recetar antibióticos a animales domésticos sin microchip. "Tampoco podemos tratarles, a no ser que se estén muriendo. Y eso va totalmente en contra del código deontológico del veterinario", concluyen. Además, se quejan de los trámites que les exige la plataforma Presvet, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: "Tenemos que comunicar la prescripción de cada antibiótico, como muy tarde, cada 15 días. Y si no lo hacemos, o cometemos un error en la notificación, nos podrán multas que ascienden hasta 1.200.000 euros", ha dicho la portavoz de la agrupación, que ya está recogiendo firmas tanto de veterinarios como de dueños de mascotas particulares para frenar la nueva normativa.

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