Llega el curso para los dueños de perros y la obligación de tener un seguro: el real decreto del Gobierno

La Ley de Bienestar Animal generó más de una polémica, tras ser aprobada la pasada legislatura. Ahora, las medidas que más controversia provocaron, como los cursos obligatorios para los dueños de perros y el seguro, se incorporan en el real decreto que el Gobierno negocia con las autonomías.

El borrador del real decreto, con 23 artículos, que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este viernes a las comunidades autónomas contempla las siguientes exigencias si quieres tener un perro:

  • Las personas titulares de un perro de compañía tendrán que realizar un curso de formación certificado por una autoridad competente, que habrán de realizarlo seis meses después de que entre en vigor el real decreto.
  • El dueño del animal tendrá que contratar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros de una cuantía no inferior a 100.000 euros, que tendrá que estar vigente durante toda la vida del animal, independientemente de la raza.
  • El responsable del animal tendrá un plazo de 6 meses desde la entrada del real decreto para contratar dicho seguro y se establece que los seguros de hogar que incluyan esta casuística serán válidos.
  • Las administraciones públicas se harán cargo provisionalmente de cualquier animal de compañía confinado en un recinto abierto o en una finca que pueda encontrarse en situación de riesgo.
  • La la autoridad pública en cada territorio podrá trasladar al animal a un centro de recogida para que sea atendido de forma provisional, para rescatar animales desatendidos en fincas.

El decreto ley plantea modificar la normativa para "perros potencialmente peligrosos"

La propuesta de Derechos Sociales a los Gobiernos autonómicos plantea modificar la normativa vigente para los denominados como "perros potencialmente peligrosos", que ya cuentan con una normativa específica.

Las razas con esta consideración podrán pasar una prueba de aptitud a los 12 meses y si la superan no serán considerados "perros potencialmente peligrosos" y no tendrán que regirse por la normativa para estos.

Asimismo, se plantean registros centralizados para criadores, núcleos zoológicos y entidades de protección animal, con la propuesta de que todas estas figuras sean gestionadas por las comunidades autónomas, y con el objetivo de luchar contra el intrusismo profesional que afecta al bienestar de los animales.

Con este propósito, se crea el Sistema Central de Registros para la Protección Animal, para coordinar la información de los registros autonómicos y asegurar su interoperabilidad para la elaboración de la Estadística de Protección Animal.  

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