Una mujer, que mató, descuartizó y carbonizó el 27 de febrero de 2023 a la presidenta de la comunidad de vecinos de un piso de Carabanchel, defiende que se trató de un homicidio imprudente al no auxiliarla después de que esta se golpeara la cabeza tras resbalarse en el baño. El juicio por el crimen ha arrancado esa mañana con la selección del jurado popular que enjuiciará los hechos y los informes previos de las partes. El tribunal de jurado tendrá que determinar si lo sucedido encaja en un delito de homicidio imprudente, como mantiene la acusada, o si se está ante un asesinato, como sostiene la familia a través de su abogado, Santiago Torres.

El letrado ha manifestado a su llegada que las pruebas científicas avalan la falsedad de la teoría de la procesada de que se trató de una muerte accidental con motivo de las salpicaduras de sangre en el escenario del crimen. "Fue algo claramente premeditado por una deuda de 538 euros que impedía que el resto de vecinos tuviera calefacción. Lo único que le preocupaba a la presidenta de la comunidad de vecinos era trabajar por el bien de sus vecinos", ha reseñado.

El abogado de la familia solicita que se condene a la encausada a 25 años de cárcel por un delito de asesinato, a tres años por falsedad documental y a cinco meses por un delito de profanación de cadáver. Frente a ello, la defensa solicita una pena de dos años de cárcel por un homicidio imprudente y otro de profanación de cadáver.

La falsedad guarda relación con dos recibos de unos 500 euros cada uno librados falsamente por Ibercaja con los que la presunta autora del delito pretendía justificar el pago por transferencia de la cantidad que debía abonar a la comunidad por facturas de agua y luz sin pagar. Una empleada del banco advirtió a la casera de la procesada de tal falsedad y esta se lo comunicó. Según la acusación, decidió darle muerte y "hacer desaparecer su cuerpo, con la idea de que nadie le volviera a reclamar los pagos ni responsabilidad alguna por los justificantes de pago falsificados y sortear el riesgo de ser descubierta".

La presunta asesina mantiene que ese día acudió al que era su domicilio con una maleta para retirar los últimos enseres que todavía tenía en la vivienda, dado que tenía que dejar el piso tras romper con su pareja. Según su versión, quedó con la presidenta de la comunidad de propietarios para revisar, y en su caso abonar, unas deudas que tenia pendiente con la comunidad en una sucursal bancaria cercana. Así, la víctima se presentó en el domicilio de la procesada y, estando en el mismo, en concreto en el baño, resbaló perdiendo el equilibrio y cayó golpeándose la cabeza. Intentó levantarla pero al ver el golpe, asustada, de forma involuntaria la soltó, dejándola caer de nuevo.

Así pues, confesó que tras el fallecimiento de la mujer en su domicilio, introdujo su cuerpo sin vida en la maleta que se encontraba allí con motivo de la mudanza, y la trasladó en su vehículo a la población de Las Ventas con Peña Aguilera, Toledo, donde lo quemó hasta la carbonización. Tras ello, trasladó los restos a una escombrera situado en el camino del Chorrito de Las Ventas con Peña Aguilera y los depositó allí. Este reconocimiento fue posteriormente recogido el 3 de marzo de 2023 en sede policial.

El fiscal solicita para la procesada 13 años de cárcel por un delito de homicidio, al tiempo que le reclama una indemnización de 100.00 euros en concepto de responsabilidad civil para los familiares de la víctima.

La fallecida, en su condición de presidenta de comunidad de propietarios, venía reclamando a la acusada las deudas que tenía pendientes. Por este motivo, la procesada sobre las 10:30 horas del 27 de febrero de 2023, accedió a la vivienda donde residía la mujer "con el propósito de acabar con su vida" y deshacerse del cadáver. Para ello, portaba una maleta de grandes dimensiones donde tenía pensado introducir el cuerpo sin vida de la otra mujer para llevarlo a otro lugar.

Tras acceder al inmueble donde residía la víctima, la procesada consiguió llevarla hasta la que era su residencia habitual donde la asesinó. A continuación, introdujo el cadáver en la maleta que había llevado consigo, la llevó hasta el maletero de su vehículo y lo trasladó hasta la población de Las Ventas con Peña Aguilera, Toledo, donde lo quemó hasta la carbonización.

Para ello, en los días 27 y 28 de febrero, realizó una pira con la maleta, cubierta por maderas, utilizando gasolina como acelerante, en la parcela sita en la calle Vieja, n.º 16, de la referida localidad toledana. Una vez se produjo la carbonización, introdujo los restos humanos en un saco y los depositó en una escombrera sita en el camino del Chorrito de Las Ventas con Peña Aguilera.

La enjuiciada, de 34 años, manifestó en instrucción que la muerte de la víctima, de 68 años, fue accidental, una versión que chocaba con el escenario del crimen, que tuvo lugar en la planta tercera del nº. 64 de la calle la Oca, al estar el piso repleto de rastros de sangre en el suelo y de salpicaduras en las paredes.

Tras el supuesto asesinato, la presunta asesina introdujo su cuerpo en una maleta y lo trasladó a su pueblo, situado en Las Ventas con Peña Aguilera, Toledo. Quemó la maleta en su finca y se deshizo de las cenizas en una escombrera. Las cámaras de seguridad de los comercios próximos al edificio también la captaron saliendo con una maleta horas antes de que la familia de la fallecida denunciara su desaparición en extrañas circunstancias.

Los investigadores sospecharon desde el principio que la muerte fue etiología violenta por el escenario del crimen que dejó la mujer. A pesar de que limpió con lejía el baño y otras estancias de la vivienda, los agentes hallaron en la inspección ocular abundantes restos de sangre en suelo y paredes, un extremo que choca con la tesis de que murió de un golpe en la cabeza.

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