Este año se cumplen cinco Navidades sin luz en la Cañada Real, en Madrid, con todo lo que eso supone. Un asentamiento histórico donde viven 8.000 personas, muchas de ellos niños. El pasado verano, regalaron ventiladores a familias en situación de vulnerabilidad.
La compañía eléctrica cortó el suministro en 2020 y, a pesar de la condena realizada desde muchas instituciones, como la ONU o el Defensor del Pueblo, por la vulneración de derechos humanos, los ciudadanos todavía siguen igual.
Y mientras tanto, los políticos se pasan la pelota de unos a otros. El Gobierno culpa a la Comunidad de Madrid y ésta dice que es responsabilidad de la compañía eléctrica. Los vecinos aseguran que lo único que ocurre es que quieren desalojarlos.
Sara, de 32 años, lleva cinco años sin electricidad y tiene dos niñas pequeñas. Afirma que "es desesperante porque hace mucho frío". "El día que nacieron mis niñas no había luz, así que esto para ellas es normal", añade.
La temperatura en el interior de su vivienda es similar a un frigorífico y la poca energía que tiene es gracias a una placa solar, la cual, explica, "nos salva para poder ver de noche y para tener comida en la nevera".
La compañía eléctrica cortó el suministro en 2020 argumentando el consumo excesivo de plantaciones de marihuana. La Cañada tenía luz mediante enganches ilegales. Los vecinos piden poder pagarla.
La Comunidad de Madrid sólo valora una solución: el desalojo del sector 6, el más afectado. Allí vive Juan Ramón, albañil jubilado, de 88 años. No tiene agua corriente, la calienta cuando enciende la estufa de la cocina y se asea a duras penas. También vemos a Antonio, que depende de la electricidad para respirar.
La Plataforma por la Luz lleva años denunciando esta tortura, la del tercer mundo a tan sólo 15 kilómetros del centro de la capital española.
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