Las escuelas infantiles “Tesoros” en Arganda del Rey y “El Señor Don Gato” en Valdebernardo están cerradas tras quedar vacante su adjudicación. De este modo, la "Consejería de Educación suprime dos escuelas sin explicar cómo va a garantizar el derecho a la educación de los más de 300 niños afectados ni cómo van a recibir los salarios pendientes al personal docente y educativo de estos centros" denuncian desde CC.OO.

La supresión definitiva del servicio pone fin a un largo recorrido "lleno de irregularidades por parte de la empresa Atreyu Bolta Carto SL.", que anunció un ERTE el pasado año 2023 . Desde el sindicato señalan que las trabajadoras "han sufrido desde la reducción de las plantillas, ya que no se han cubierto ni bajas laborales ni excedencias o vacaciones, hasta el impago de salarios desde principios de este año".

“Estamos ante un sistema fallido. Estos casos, una vez más, evidencian los defectos de un sistema de contratación de los servicios públicos en el que, por parte de las administraciones locales y regionales se priorizan los proyectos de menor coste por encima de los valores educativos. Eso provoca que algunas empresas como Atreyu Bolta Carto SL - obsesionadas por competir a costa de la precarización de las condiciones laborales de las trabajadoras - presenten ofertas económicas sustentadas en la imposibilidad del cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio Colectivo. Compitiendo deslealmente con las empresas que sí se ajustan a los acuerdos vigentes”, denuncia la secretaria general de la Federación de CCOO de Madrid, Isabel Galvín Isabel Galvín.

Para CCOO, las administraciones públicas contratantes son las máximas y últimas responsables de estas escuelas ya que son sus titulares. Por ello que, CCOO exige a las administraciones implicadas que actúen ante estas situaciones y se responsabilicen de la continuidad de las plantillas.

“La etapa de educación infantil 0-3 es un derecho de la infancia recogido en las Leyes educativas. En esta etapa es en la que se garantiza igualdad de oportunidades. No todo vale. Los profesionales que con su trabajo hacen realidad el derecho a la educación no pueden ser maltratados por un modelo privatizador que degrada a las personas precarizando cada vez más sus condiciones de trabajo. Pero, además tienen derecho a que leyes laborales españolas se les apliquen. Las administraciones educativas, y en este caso la Consejería de Educación, son las responsables de la impunidad de empresas”, como recuerda Galvín.

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