En el 31 de la calle de Zurita, en el barrio de Lavapiés. Ahí vivió durante una década esta familia que hoy es desahuciada por una comisión judicial. Esta ha solicitado la intervención de la Policía y de los Bomberos.

Una "familia vulnerable", así describe en una nota de prensa del Sindicato de Inquilinas a Zohra, su esposo y a su niño de ocho años de edad. 10 años después de entrar a vivir en este piso, la Policía antidisturbios les desalojó haciendo uso de la fuerza para entrar en un portal bloqueado por una decena de personas. En el inmueble también había un activista, que se había colgado del edificio a doce metros de altura para intentar impedir el procedimiento. Por orden policial, los bomberos procedieron a descolgar al varón.

No es la primera vez que tratan de desahuciar a esta familia. El 26 de junio y el 16 de julio el Sindicato de Inquilinas consiguió paralizar dos primeros intentos con el respaldo en la calle de medio centenar de personas.

Según la organización, el juez decidió no aplicar la suspensión argumentando que Zohra no ha podido demostrar que su casero, residente en Tenerife, posee 27 viviendas, a pesar de haber documentado que el propietario es dueño también de un bloque de viviendas en Lavapiés y otras propiedades.

Según asegura el sindicato, todo el edificio, ubicado en calle Zurita, 31, pertenece al mismo casero. Una persona que cuenta con los recursos suficientes para arreglar el edificio pero ha optado por no hacerlo, se niega a realizar las reparaciones necesarias y mantiene a los vecinos sin agua caliente desde hace meses.

Tras el desalojo, los trabajadores del Samur Social han ofrecido una solución habitacional a la familia con el alquiler temporal en un piso compartido en Vallecas. Una solución habitacional que se encuentra en mejor situación que el piso de la calle Zurita, que tiene humedades por filtraciones de agua, además de techos a punto de caer, problemas estructurales y plaga de insectos.

"Zohra cumple todos los requisitos de vulnerabilidad que exige el Real Decreto pero desde el sindicato sabemos que ni siquiera con esos requisitos valen. Todas somos vulnerables frente al rentismo y las instituciones al servicio del capital. Que se venga la ministra de Vivienda, que le vamos a servir un vino y un espeto. A ver si así haces algo, Isabel Rodríguez", han señalado desde el sindicato.

Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de lanzamientos practicados en la Comunidad de Madrid entre enero y marzo pasados ascendió a 725,16% más que en el mismo lapso de 2023.

La Policía ha detenido al hombre que se había colgado del patio de vecinos con la amenaza de precipitarse al vacío si salía adelante el desahucio de esta familia. En caso de que se produjese el desahucio, el hombre aseguraba que se tiraría, activando un mecanismo por el que la cuerda caería al suelo de hormigón del patio del vecinos desde una altura muy elevada.

Esta situación no llegó a darse, puesto que los bomberos han descolgado al activista y, pese a las resistencias y el intento de bloquear la puerta, la comisión judicial ha entrado con ayuda de los policías a la vivienda, procediendo al desahucio. No ha sido el único activista presente en el momento, son varios los que desde anoche apoyaban a la familia de Zohra que finalmente ha sido desahuciada.

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