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El Gobierno de la Comunidad de Madrid prevé introducir en su nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades un régimen sancionador, que podría incluir multas económicas, para las instituciones que no controlen escraches y acampadas que acaben impidiendo la entrada de los alumnos a clase, faltando al decoro, invadiendo espacios o acosando a un personaje público.
Así lo ha avanzado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, en un encuentro con periodistas en el que ha hecho balance de la legislatura y donde ha indicado que esta es una medida que está aún por perfilar pero que se incluirá en la nueva normativa. Desde el Ejecutivo madrileño quieren fijar una líneas generales dado que consideran que hay determinados límites que no se pueden cruzar.
"Estamos definiendo todavía, de una manera muy amplia y genérica, un régimen sancionador. Lo que buscamos es hacer sanciones de tipo institucional. Queremos asegurar que se mantiene, en primer lugar, el decoro y el respeto a la legalidad en los espacios universitarios, en los campus, e igualmente, queremos poder sancionar a aquellas universidades que no cumplen con los requisitos mínimos de titulación, de infraestructuras...", ha explicado el consejero madrileño, quien ha defendido que se busca que se "cumpla la legalidad".
El titular de Educación ha anunciado que se pretende entregar un borrador de la ley a los principales sujetos participantes, entre ellos rectores de universidades públicas y privadas y consejos sociales, a lo largo del mes de julio. Será este el momento donde se abrirá "una fase de diálogo" para "recoger su parecer y sus percepciones", con el objetivo de "conseguir un texto lo más consensuado posible".
Posteriormente, a partir del mes de septiembre, iniciarían el trámite de la consulta pública y pretenden presentar a finales de otoño un texto definitivo, para que dé comienzo entonces su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid, donde PP tiene mayoría absoluta.
Esta ley, que el Gobierno regional contrapone a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, conocida como LOSU, que detestan al considerar que va en "detrimento de la calidad educativa", busca cumplir con una "vocación de permanencia que responda a las necesidades actuales pero también de futuro". Agrupará así todas las enseñanzas superiores -artísticas, deportivas y FP superior-, así como la ciencia y la investigación.
Esta normativa incluye además, según el primer documento que hizo público la Consejería de Educación a mediados de junio, otros aspectos como son un nuevo sistema de financiación para las universidades públicas, que se haría a través de un plan plurianual revisable cada cinco años.
Estas instituciones contarían con una financiación básica y la posibilidad de recibir tanto inversiones para necesidades singulares, como una financiación adicional cuyo importe estaría en función del cumplimiento de determinados objetivos estratégicos en materia docente, investigadora o de competitividad.
Asimismo, la Comunidad quiere regular las universidades públicas y escuelas de negocio. Para el Gobierno madrileño, estas últimas se encuentran ahora mismo en una indefinición ante lo que impulsarán un marco específico que las configure con el objetivo de garantizar la calidad.
También la norma contempla la constitución de un distrito único de prácticas para facilitar y asegurar la igualdad de oportunidades entre todos los alumnos a la hora de acceder a una plaza, también en el caso de las enseñanzas superiores de la rama sanitaria.
Esto es, según el propio consejero, el proyecto legislativo más importante de su departamento esta legislatura pero, en el balance realizado, Viciana ha desgranado que, hasta la fecha, han cumplido o iniciado el 95% de las medidas que incluyeron sobre Educación en el programa de gobierno.
Así, de las 99 iniciativas y proyectos del programa electoral para este período se han finalizado 17 y se están desarrollando otras 77. El responsable del área ha destacado el impulso a las infraestructuras educativas, a lo que han destinado 48 millones; la bajada de ratios en las aulas, el récord de becas y ayudas al estudio, que han beneficiado a 680.000 escolares; el aumento de pruebas externas de Primaria y Secundaria y la decisión de que la Historia de España se estudie en castellano.
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