La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 28 años y nacionalidad colombiana por agredir sexualmente a una trabajadora del hospital público Infanta Elena de Valdemoro, que pasó a disposición judicial, han informado a Europa Press fuentes de la Comandancia de Madrid.

La denuncia fue interpuesta por la víctima el 29 de enero y el supuesto agresor fue detenido poco después. Pero la noticia se ha conocido hoy después de que CCOO Sanidad Madrid haya denunciado en una nota de prensa "la cadena de incumplimientos, vulneración de protocolos, infracciones, transgresiones de la norma, así como la mala praxis por parte de la Dirección del Hospital Infanta Elena de Valdemoro que propició una agresión física y sexual a una trabajadora del centro".

Este sindicato fue el que puso en conocimiento de la Inspección de Trabajo el delito. Según han explicado, el suceso no se activó el protocolo de agresión sexual "ni posteriormente el de accidente laboral, y tampoco cumplió con el protocolo de seguridad cuando se produjeron los hechos".

"A la víctima no le facilitaron asistencia psicológica en un primer momento, y el hospital no prestó los servicios de asesoría jurídica a la trabajadora, hasta que no lo solicitaron las delegadas de CCOO, porque era necesario para la celebración de un juicio rápido contra el acusado de perpetrar la agresión. Tampoco la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, máxima responsable del hospital intervino para auditar el supuesto quebrantamiento de la norma", denuncian.

Los hechos ocurrieron en la última semana de enero de 2024. La trabajadora estaba en su turno cuando la Guardia Civil trasladó al hospital a un hombre con lesiones en la cara al que dejó en la sala de espera de Urgencias. La supervisora de turno le trasladó a una zona de boxes. Allí el paciente solicitó ir al aseo. Una sanitaria que observó al paciente deambulando le interpeló para que regresar a boxes.

Sin embargo, el individuo no acudió al lugar y permaneció deambulando por pasillos y sala de espera, desde donde accedió por una puerta que debía estar cerrada, hasta llegar al laboratorio y zona de acceso al aparcamiento de personal. Una trabajadora se percató de la presencia del extraño y le conminó a salir de allí.

Es en este contexto, en un pasillo de acceso a los ascensores, es donde se produjo la agresión. Según ha detallado CCOO, la víctima fue golpeada y agredida sexualmente. Logró zafarse de su atacante cuando éste, durante el forcejeo, perdió las gafas. La trabajadora huyó hacia el aparcamiento, comenzó a gritar y otros trabajadores escucharon sus gritos de socorro. Ellos encontraron a la empleada en estado de shock, con heridas y sangre en la cara y en un estado de nerviosismo y miedo extremo.

El sindicato ha relatado que fue atendida de urgencia en el propio hospital, pero no se activó el protocolo VISEM de agresión sexual. "Tampoco se le prestó atención psicológica, ni le prescribieron tranquilizantes; solo un paracetamol", añaden.

El informe de CCOO recoge que la condición que supuestamente desencadenó lo ocurrido fue que la puerta del laboratorio estaba averiada y tenía la pestaña de cierre desactivada, lo que permitió al agresor acceder al área de laboratorio.

"No había protocolos claros sobre el acceso de pacientes a áreas restringidas, ni se había implementado un sistema efectivo para garantizar el cierre automático de la puerta. El origen del accidente laboral fue que el agresor accedió a la zona de laboratorio que, en ese momento, no disponía de la supervisión adecuada. La falta de atención del Servicio de Seguridad a través de los sistemas de visualización permitió que la agresión ocurriera sin intervención temprana", critican.

A juicio de Salud Laboral de CCOO, los fallos que supuestamente desencadenó la agresión fue la falta de evaluación de riesgo de agresión física y sexual en el puesto de trabajo en caso de agresiones a personas trabajadoras, la falta de evaluación del trabajo nocturno y aislado, la falta de formación ante supuestos de agresiones, la falta de mantenimiento adecuado de la puerta de laboratorio, la falta de control por parte de las cámaras de seguridad del hospital así como de la realización de rondas presenciales en las instalaciones, la ausencia de medidas de seguridad para prevenir el acceso no autorizado a áreas restringidas, y deficiencias en la supervisión y respuesta por parte del personal del hospital ante la presencia de un paciente en una zona restringida.

El sindicato también constata diferentes incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, ya que este hospital "no había incluido la valoración de la violencia sexual entre los riesgos laborales concurrentes, teniendo además la obligación de formar e informar de ello a las personas trabajadoras del centro y ninguna de éstas había recibido esta información y formación".

El domingo 21 de abril, tres meses después de la denuncia, la puerta de entrada al laboratorio donde se produjo la agresión volvía a estar abierta, indica el sindica.

En marzo CCOO aún no había recibido contestación a su petición en la que reclamaba un informe de la investigación, la consideración de accidente laboral y la participación de los delegados de Prevención, según marca la ley, en la investigación y valoración para la aplicación de medidas correctoras y la puesta en marcha de los medios para evitar la recurrencia de este tipo de hechos.

CCOO ha instado a la Dirección del hospital a tomar, con urgencia y celeridad, una decena de medidas. Entre ellas, la realización de un protocolo de atención a las personas trabajadoras por agresión sexual, y que accedan a los servicios de apoyo psicológico y jurídico de forma inmediata. Y reclama a la Consejería de Sanidad, ya que el hospital es de titularidad pública, que tome medidas para garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

En declaraciones a los medios, la secretaria general del sindicato, Paloma López, ha denunciado la situación y ha recalcado que la organización seguirá denunciando cuando la Consejería de Sanidad no ponga "los mecanismos de control suficientes ni adecuados para que estas agresiones, esta falta de materiales y esta falta de prevención en los hospitales gestionados por Quirón no esté dando los resultados óptimos para los trabajadores".

Por su parte, desde el Hospital Infanta Elena han aclarado que lo que se produjo fue una agresión física y no sexual y que la víctima "contó con todos los recursos médicos, psicológicos y jurídicos por parte del centro".

Además, aseguran que la Inspección de Trabajo está actuando en materia de prevención de riesgos laborales y que se ha puesto a plena disposición de este organismo "colaborando en todo momento".

En cuanto a la activación del protocolo VISEM de la comunidad de Madrid, las mismas fuentes indican que se basa en unos indicadores de sospecha de agresión sexual, "perfectamente tasados y siempre aplicados por un profesional facultativo del hospital". "La valoración profesional no dio lugar a activación alguna por parte del facultativo que atendió el caso ya que se trató lamentablemente de una agresión de carácter físico", añaden.

Por último, recalcan que los años de historia de este hospital no se ha producido un hecho de esta naturaleza, gracias a la actuación conjunta de todos los profesionales. Y dentro del compromiso hacia sus trabajadores el hospital "ha fortalecido, aún más, las medidas de seguridad con el fin de evitar que vuelvan a repetirse situaciones como las vividas por esta compañera", a la que desean una pronta recuperación y reincorporación.

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