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La falta de profesionales sanitarios, un deterioro progresivo por la infrafinanciación y las derivaciones constantes hacia centros privados son algunas de las quejas que acumula la sanidad madrileña once años después de la primera “marea blanca”, cuya manifestación número 100 tendrá lugar el domingo, “en defensa de una sanidad pública y de calidad para todos”.
Las protestas empezaron a finales de 2012 con marchas, encierros y huelgas de miles de profesionales, tras anunciar el Gobierno regional de Ignacio González la privatización de seis hospitales y 26 centros de salud mediante un plan que, a causa de las movilizaciones y los recursos judiciales, fue tumbado en los tribunales provocando en 2014 la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.
Desde entonces, las marchas convocadas por las entidades de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública (Medsap)-Marea Blanca han ido perdiendo fuerza, aunque en noviembre de 2022 las asociaciones vecinales congregaron a unas 300.000 personas en defensa de la Atención Primaria, a lo que siguió una huelga de médicos en los centros de salud que duró cuatro meses.
En febrero de 2023 unas 250.000 personas volvieron a recorrer la ciudad en defensa de la sanidad pública, mientras que esta semana un millar de personas se concentraron frente a cinco hospitales contra el “desmantelamiento” de la Atención Primaria y el “colapso” de las urgencias.
La sanidad pública “ha ido a peor. Tenemos hospitales con listas de espera para cirugías, pruebas y consultas que suben mes a mes, alcanzado récords históricos”, afirma el ex secretario general del sindicato médico Amyts, Julián Ezquerra, que recurrió en 2013 el plan de privatización.
“Tenemos la Atención Primaria en franca descomposición, centros de salud donde los médicos de familia y pediatras son inexistentes, unas urgencias extrahospitalarias y centros de Atención Rural desmantelados, con operativos en los que no hay médicos”, añade Ezquerra.
Aunque la tasa de eventualidad del 55 % se intentó solucionar convocando las OPE médicas de 2021, a finales de 2025 “volveremos nuevamente al 20-30 %”, reproduciendo el mismo modelo “sin que nadie se plantee sentarse a una negociación seria” y con más financiación.
El éxito de las primeras mareas fue “la no politización. Nos manifestábamos votantes de izquierda, de derecha, de centro, todos en contra de aquel modelo”, dice Ezquerra, y añade que “lo que paralizó aquellas privatizaciones no fueron las manifestaciones sino los recursos” que presentaron Amyts, AFEM, CCOO y el PSOE.
El sindicato médico AFEM también ve una “degradación crónica” del sistema: de edificios, infraestructuras, plantillas, cierre de camas y colapso en las urgencias, explica Mar Noguerol, portavoz sindical y médica de familia.
En Atención Primaria hay “un déficit estructural importantísimo. En todo Madrid solo 27 % de los centros de salud tienen plantillas cubiertas al 100 %. Uno de cada diez centros tiene más del 20 % de la plantilla médica vacante”.
Con las movilizaciones de 2012-2014 “derrotamos un plan que daba un salto cualitativo en el proceso privatizador” iniciado por Esperanza Aguirre, pero "en ningún momento se logró parar ese proceso que tiene dos patas: el deterioro de la pública y la desviación de enormes masas de dinero hacia la privada”, añade Noguerol.
Con unas listas de espera “tan inmensas, Madrid es la región donde más han crecido las pólizas privadas”. Actualmente, la multinacional alemana Fresenius Helius posee “cuatro hospitales Quirón que tienen grandes conciertos con la sanidad pública y facturan grandes cantidades".
En la última década se ha agudizado el déficit de plantillas médicas, que son “claramente insuficientes” tanto en atención primaria como especializada, y “no se ha corregido por falta de una planificación adecuada”, indica el responsable del sindicato médico SIME, José María Molero.
“No se ha seguido una política de estabilización en el empleo”, con solo un proceso selectivo en hospitalaria y dos en primaria pero con plazas insuficientes. Existe “una falta de atractivos para mantener a los profesionales que terminan la formación” (Mir) porque “las condiciones de trabajo no son las mejores”, principalmente en Primaria con dificultades para conciliar.
También hay un “déficit de concursos de traslado que desincentiva, y un déficit retributivo del 10-15% por debajo de otras comunidades”. Todo ello provoca “la marcha de profesionales hacia otras comunidades y países”, asegura Molero.
Madrid es la región que menos gasta en sanidad, con 1.171 euros por habitante frente a los 1.931 de Asturias (datos de 2021).
Y aunque el presupuesto sanitario ha crecido en una década, “ha ido fundamentalmente a gasto farmacéutico, que es lo que más ha aumentado”, explica el presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) madrileña, Marciano Sánchez.
“Lo más llamativo es la disminución de camas hospitalarias”, con 1.100 menos, pasando de 2,45 camas por mil habitantes en 2013 a 2,13 en 2022. Aunque en 2020 se inauguró el hospital Zendal con 384 que se contabilizan como instaladas, "lleva cerrado al menos un año", según la asociación.
La lista de espera quirúrgica pasa de 70.918 pacientes en 2013 a 92.482 en 2022. Aunque baja el tiempo de espera, “no se están contabilizando las demoras desde la indicación sino desde que pasan por la consulta de anestesista, y también porque quienes rechazan la derivación a la privada salen de la lista”.
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