La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, gracias a los votos de PP, Más Madrid y PSOE, la Ley de creación de la Agencia de Ciberseguridad regional, un organismo busca mejorar la protección frente a ataques informáticos y asistir a ciudadanos y empresas.

Entre enero y septiembre de 2023 se han registrado en la autonomía 57.299 delitos informáticos, lo que suponen un 19% más que los contabilizados en el mismo periodo del año pasado.

La nueva Agencia se encargará de "facilitar una visión centralizada y de aumentar las facultades de gobierno mediante la configuración del Equipo de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad (CSIRT, por sus siglas en inglés) para toda la Comunidad".

Estos expertos serán los encargados de recibir, revisar y replicar a todos los informes y actividades sobre los sucesos que se registren en el territorio y colaborar con las entidades atacadas para que logren recuperar la normalidad en las operaciones y estén preparadas en el futuro para evitar nuevas intromisiones.

Esta estructura estará también enfocada en reforzar la protección informática de las infraestructuras más relevantes, con especial atención en el área de salud por su criticidad.

Además, será "clave" para aquellas entidades municipales de menos de 20.000 habitantes que no disponen de estrategias ni medios para proteger sus redes y sistemas, desplegando las medidas a seguir, pero también brindando a estas localidades asesoramiento y formación entre sus trabajadores, de forma que puedan ir adquiriendo los conocimientos suficientes para actuar por sí mismas en este ámbito.

Del mismo modo, facilitará la conexión de proveedores privados y con aquellos que se relacionen con los servicios públicos a través de medios electrónicos, y actuará como órgano de colaboración con el Centro Criptológico Nacional (CCN).

Sus funciones y competencias le permitirán trabajar con cualquier entidad pública y privada autonómica en coordinación con el CCN para la puesta en marcha de acciones y toma de decisiones comunes ante cualquier eventualidad, ofreciendo su ayuda y asesoramiento. Tras la evaluación de la extensión del suceso, podrá alertar a otras instituciones que puedan verse afectadas para prevenir un mayor alcance.

Este organismo, colaborará con pequeñas y medianas empresas de la región que no cuenten con las capacidades suficientes para cumplir con su seguridad frente a los ciberataques. Igualmente, desarrollará medidas de difusión, formación y concienciación para "impulsar la cultura en este ámbito y ofrecer a los ciudadanos el marco de confianza necesario en su relación con los medios electrónicos".

La Agencia, que estará adscrita a la Consejería de Digitalización, contará con 1,5 millones de presupuesto y cerca de 15 trabajadores, en su mayoría con perfiles tecnológicos.

En este sentido, habrá un consejero delegado y diferentes puestos de consultores en esta materia, ingenieros de desarrollo y de sistemas y puestos administrativos y de gestión. Se dividirán en dos subdirecciones: una de servicios corporativos y otra operativa.

La posición del PP la ha defendido el diputado Andrés Navarro, quien ha destacado que el cibrecrimen supone ya el 1,5% del PIB mundial superando el tráfico de armas, la trata de seres humanos y el mercado ilegal. Ha insistido en que el riesgo "cero no existe" pero sí se puede monitorizar y ha reivindicado los beneficios de un organismo que costará "23 céntimos a cada madrileño" a cambio de "proteger la información de los ciudadanos, a las empresas y generar confianza digital".

Por su parte, el socialista José Cepeda, quien ha defendido la importancia de crear un organismo que garantice la seguridad de Madrid, que es "centro neurálgico" de España con los principales "activos tecnológicos" y empresas del sector. "Se trata precisamente de que las comunidades autónomas, en la responsabilidad que tienen en la gestión de muchas políticas públicas, también tengan en la previsión adaptar sistemas de protección, en este caso cibernética o tecnológica", ha remarcado.

A continuación ha tomado la palabra la diputada de Más Madrid Alicia Torija ha destacado que el texto final tras el proceso de enmiendas es solo un 60% del original, al que votaron en contra en febrero y contra el que interpusieron una enmienda a la totalidad en esta legislatura. Ha puesto en valor la "escucha multilateral" y ha reivindicado la importancia de que la Comunidad aumente sus capacidades en ciberseguridad y además "fomente, coordine, asesore y monitorice" este campo en los organismos públicos y las empresas.

En contra se ha posicionado la diputada de Vox, Belén González, quien ha insistido en tachar el organismo de "agencia de colocación de amigos financiada con el dinero de todos". Entiende que este organismo implica el aumento de "recursos y costes" innecesarios al haber ya organismos a nivel nacional encargados de ellos.

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