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Las cifras que se conocen en México respecto a la violencia de género son aterradoras. Un promedio de entre nueve y diez mujeres son asesinadas cada día; ocho de cada 10 se sienten inseguras; el 63% de las mujeres mayores de 15 años han sido víctimas de violencia.
De los 35.558 homicidios registrados en México el año pasado, 3.825 de las víctimas eran mujeres, de los cuales 1.006 asesinatos fueron clasificados oficialmente como feminicidios (crimen de odio entendido como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer). Se basan en diversos criterios, entre ellos, si el cuerpo de la víctima mostraba algún signo de violencia sexual y si existía una relación “sentimental” o “estrecha” entre la víctima y el sospechoso.
El total de feminicidios -un dato que está incompleto, porque varios estados todavía no utilizan la designación- marca un salto del 137% con respecto a los 411 casos de 2015.
En el mes de enero de 2020 se registraron, de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), 73 feminicidios (una media de dos al día) de las 320 que fueron asesinadas. En lo que va de año, se contabilizan ya 265. El aumento de asesinatos supera considerablemente el rápido incremento de la tasa general de homicidios del país.
La situación que viven las mujeres en México es tan alarmante como abrumadora. El Número de Emergencias 911, que atiende a mujeres en Situación de Violencia de Género con Protocolos Especializados, recibe una llamada de auxilio cada 15 minutos.
Entre enero y noviembre del pasado año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó 176,065 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, lo que coloca al 2019 como el de mayor número de llamadas de ese tipo desde el 2016.
Estos datos son tan sólo “un aperitivo” de las gráficas y estadísticas que se manejan tanto a nivel oficial como de las organizaciones civiles que consideran que el número es mayor, dado que estos crímenes no siempre se denuncian o son tipificados como feminicidios.
Los últimos sucesos de violencia de género han causado una enorme conmoción e indignación en la sociedad mexicana, desatando una oleada de protestas de mujeres y colectivos feministas que han reaccionado saliendo a la calle para manifestarse públicamente.
Algunos de los casos más mediáticos de febrero de este año, son de Ingrid Escamilla, de 25 años, asesinada y descuartizada por su pareja quien confesó el crimen en un video. Este homicidio, sumado al sensacionalismo de cierta prensa que mostró las fotos del cadáver, desató la ira de grupos manifestantes.
Unos días más tarde, Fátima, una niña de 7 años, apareció muerta después de ser raptada y abusada sexualmente por dos desconocidos a la salida del colegio. Durante la investigación, las autoridades se fueron repartiendo las responsabilidades correspondientes a una serie de errores que evidenciaban una mala praxis: “Una cadena de negligencias en instituciones impiden saber la verdad de lo que realmente pasó”, llegó a admitir la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
Anteriormente, a finales de 2019, otro caso conmocionó al país azteca: Abril Pérez, de 45 años, asesinada a balazos en presencia de su abogado y sus dos hijos cuando se encontraba de paso en la ciudad siguiendo el proceso judicial por intento de asesinato que había denunciado contra su exmarido. Han tenido que pasar 3 meses hasta que las autoridades han señalado a dos sospechosos mercenarios, después de que el juez dejara libre al marido de la víctima.
Desde la expedición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en 2007, la norma ha sido reformada en 11 ocasiones.
En la Cámara de Diputados se aprobaron reformas para aumentar en cinco años las penas de cárcel por feminicidio, de manera que los responsables podrán ser sentenciados a una mínima de 45 años de prisión y a una máxima de 65.
Aún así, los nombres de mujeres asesinadas por sus parejas en México aumentan y se acumulan en archivos judiciales. Para tratar de asumir estas cifras, conviene saber que en México se resuelve solo el cinco por ciento de los homicidios. De los 154.557 asesinatos cometidos en el país de 2010 a 2016, el 94,8% permanecen impunes.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México considera que la violencia feminicida en México obedece a un contexto de cultura machista y misógina arraigada, pero también a una serie de factores sociales, económicos y políticos como discriminación por género, condición social, edad, etnia y criminalidad, entre otros.
Los principales colectivos feministas denuncian la discriminación por género y condición social, destacando los niveles de impunidad y la elevada falta de respuesta de las autoridades.
Frida Guerrero, activista defensora de los derechos de la mujer, considera que es fundamental que “los ministerios públicos den la formación adecuada a su personal. Si un policía no está preparado sobre la perspectiva de la mujer para atender a una víctima y cuando va a denunciar, le dice, espérese ahí, o vuelva mañana que ya se habrá reconciliado con su marido, el sistema, no puede funcionar. No hay un protocolo de actuación adecuado cuando se encuentra asesinada o desaparece una mujer o una niña. Médicos forenses que desconocen el protocolo de un feminicidio, la corrupción de la fiscalía, la incredulidad de los testimonios de las familias... Si no lo saben hacer, ya empezamos mal”.
Desde que en 1975 la ONU dio formalidad al 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, millones de mujeres de todo el mundo salen a la calle para mantener vigentes la exigencia de sus derechos y respeto a los mismos.
Este año, durante la tradicional marcha, miles de mujeres recorrerán las calles de México para pedir un alto a los feminicidios y exigir justicia para los casos de mujeres agredidas, asesinadas o desaparecidas.
Además de la marcha del domingo, agrupaciones feministas realizarán un un paro nacional el lunes, 9 de marzo, para el cual han convocado a las mujeres de México a no asistir a sus centros de trabajo ni salir a la calle, tampoco acudir a sus universidades ni ir de compras, para así exponer cómo sería este país sin mujeres.
La huelga nacional, etiquetada en las redes sociales bajo los hashtag #UnDíaSinMujeres #UnDíaSinNosotras, es la propuesta a la que se han sumado no sólo mujeres, colectivos feministas y activistas, sino también muchas empresas privadas, instituciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales. El movimiento busca impactar las esferas social, cultural y económica para visibilizar la creciente ola de violencia de género. Se estima, según la Confederación de las Cámaras Nacionales de Comercio y Servicio Turístico que la huelga de un día, costará a la economía del país unos 26 millones de pesos ( 1.137.228 euros).
En contraposición, según un estudio realizado por Consulta Mitofsky, el 52.7% de los hombres cree que el movimiento convocado por mujeres para el 9 de marzo, no es una protesta legítima sino un movimiento de intereses políticos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, MLO, ha manifestado su apoyo al deseo de las mujeres de ver una mayor justicia para los crímenes de género: “Celebramos que las mujeres defiendan su derecho a la seguridad”, dijo recientemente. “Me pronuncio a favor de las mujeres y en contra del feminicidio”.
Sin embargo, el presidente ha sido muy criticado respecto a sus reacciones cuando ha sido cuestionado en referencia a la violencia de género, especialmente por los colectivos de la mujer que acusan a MLO de inoperancia.
La polémica más reciente surgió el pasado 4 de marzo cuando, en rueda de prensa, Obrador fue preguntado a cerca su anuncio de comenzar el nueve de marzo, la venta de seis millones de papeletas de lotería para la rifa del avión presidencial, coincidiendo con el día de la huelga general de mujeres. “Yo ni me di cuenta, ni tenía en mente que el lunes era lo del día del paro del movimiento feminista”, aclaró para disculparse.
La Organización Nacional de Naciones Unidas considera la violencia de género una “pandemia” y clasifica al país azteca entre las veinte peores naciones con problemas de dicha naturaleza, convirtiendo a México y Centro América en la región del mundo más violenta para las mujeres fuera de una zona de guerra.